El 10 por ciento de la población mundial son personas con discapacidad, que no se resignan a su situación de relegación e incluso de marginación y que reclaman sus derechos, su plena ciudadanía. La aprobación por parte de la ONU de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad supone la materialización de una reivindicación antigua y sostenida del movimiento asociativo de la discapacidad, presentada a las instancias internacionales con la intención de avanzar en el reconocimiento de la sociedad en general sobre las aspiraciones, demandas e inquietudes de las personas con discapacidad y sus familias.

En los últimos tiempos se ha superado la forma de entender la discapacidad como un modelo médico, en el que a los aspectos puramente sanitarios y asistencialistas se unían consideraciones de tipo caritativo, a un modelo basado en el concepto de derechos humanos, donde el acento está en la igualdad de oportunidades y en la no discriminación, la persona con discapacidad como titular de derechos.

Las personas con discapacidad son sujetos, ciudadanos titulares de derechos, participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa de su vida personal y social. Este cambio de paradigma al que asistimos en el ámbito de la discapacidad, ha venido determinado, en buena medida, por el papel jugado por el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Y la Convención de la ONU es buena prueba de ello, como así lo demuestra el proceso incoado en 2002, ha sentado a la misma mesa a los representantes de las distintas administraciones con la sociedad civil para debatir, consensuar y redactar una Convención Internacional con el sello de las Naciones Unidas.

Es indudable que la consecución de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, protector de los derechos de las personas con discapacidad, viene a completar esa base jurídica necesaria para que este el grupo social de la discapacidad, que actualmente continúa sufriendo múltiples discriminaciones, pueda por fin disponer de un arma legal que obligue a los Estados y demás sujetos de Derecho Internacional a velar por sus derechos y libertades.

Una Convención para la Discapacidad: es, en definitiva, un paso más en la construcción de ese legado de futuro para millones de personas con discapacidad que así lo esperan y necesitan.