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POSICIÓN DEL CERMI SOBRE LA CATÁSTROFE HUMANA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EUROPA


En relación con la catástrofe humana de personas refugiadas que desean ser acogidas en países de la Unión Europea, el Comité Ejecutivo del CERMI Estatal, reunido el 17 de septiembre en Madrid, examinó y valoró la situación y su relación e implicaciones con el movimiento social de la discapacidad, adoptando la siguiente posición:

  1. El movimiento social de la discapacidad y su representación política a escala europea, nacional y autonómica ha de incidir y presionar con energía ante las distintas de instancias de poder para que los gobiernos y autoridades asuman con decisión el problema humano y social que supone este éxodo masivo obligado, y den una respuesta pronta y adecuada a la altura de la crisis sin precedentes planteada, en términos solidaridad activa y siempre con un enfoque exigente de derechos humanos.

  2. Entre las personas refugiadas que aspiran a ser acogidas en Europa (hombres, mujeres y niños y niñas), existirán necesariamente personas con discapacidad, que han de tener garantizado un trato sin discriminaciones ni exclusiones por esta circunstancia personal, y además tendrán que disponer de los apoyos suplementarios precisos para preservar su igualdad efectiva. El enfoque inclusivo con la diversidad humana ha de impregnar todos las estrategias, iniciativas y programas para el acogimiento digno y humano de las personas refugiadas.

  3. En despliegue de lo anterior, todos los recursos, los acompañamientos y los dispositivos de apoyo que se establezcan para la acogida de personas refugiadas han de hacer suyo y aplicar el enfoque inclusivo de la discapacidad, lo que se traduce en que no son admisibles ningún trato diferenciado negativo ni respuesta segregadora, que aparte a las personas con discapacidad de la corriente general de apoyos comunitarios. De igual modo, ha de quedar garantizada la accesibilidad universal de la red de recursos y asistencias que se ponga a disposición de las personas refugiadas, además de proporcionar las medidas de acción positiva complementarias por razón de discapacidad para que la igualdad de trato y oportunidades sea una realidad para las personas refugiadas que presenten una discapacidad.

  4. Las organizaciones y entidades del tercer sector de la discapacidad reclaman participar como agente social cualificado en los procesos de toma de decisiones relativos a la gestión de las estrategias públicas de acogida de personas refugiadas, con objeto de poder aportar su conocimiento y experiencia y cooperar constructivamente para que el enfoque inclusivo de la discapacidad quede asegurado.

  5. Las administraciones públicas (estatal, autonómica y local) habrán de habilitar nuevas fondos financieros, de carácter extraordinario, en cantidad suficiente y sostenible, para hacer frente al impacto económico de los recursos, apoyos y asistencias que requerirá la atención a las personas refugiadas acogidas. La habilitación de nuevos fondos no podrá realizarse en ningún caso a costa de las políticas y programas sociales ya existentes, comprometiéndolas o reduciéndolas.

  6. Las organizaciones sociales de la discapacidad que en el nivel local, autonómico o nacional deseen implicarse activamente, por sí solas o con otras entidades de la sociedad civil o administraciones, en la asistencia material y directa a personas refugiadas deberán poder participar y acceder en las nuevas líneas y partidas de financiación pública que se habiliten por parte de las distintas Administraciones.

17 de Septiembre de 2015.
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