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El CERMIN exige el derecho al voto de las 2.000 personas que no lo tienen reconocido en Navarra por razÓn de discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) ha reclamado este lunes el derecho al voto para las más de 2.000 personas que no lo tienen reconocido por razón de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, cifra que a nivel estatal se eleva hasta las casi 100.000 personas.

Ante este escenario, el CERMIN muestra su apoyo al CERMI Estatal, Plena Inclusión y Down España, que han convocado para el próximo miércoles 8 de febrero una concentración ante el Tribunal Constitucional para reclamar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo debido a sentencias que modifican su capacidad legal.

El acto reivindicativo tendrá lugar a las 11.00 horas ante el TC, bajo el lema #MiVotoCuenta. En el mismo, se leerá un manifiesto por el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Este acto es la reacción a la no admisión a trámite por parte del Constitucional de un recurso de amparo interpuesto por la Fiscalía General del Estado que pedía que Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual, pudiera votar. Las organizaciones convocantes consideran que cualquier negación del derecho al sufragio por el hecho de tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad firmada por España.

Por ello, el CERMI, Down España y Plena Inclusión se concentrarán frente a la sede del Tribunal Constitucional con el fin de reivindicar el derecho al voto de casi 100.000 personas que no pueden ejercerlo por tener una sentencia de modificación legal de su capacidad, y de otras muchas que, pudiendo legalmente votar, no pueden acceder a la información y el proceso electoral en igualdad de condiciones que el resto.

Para CERMI Navarra, el derecho de sufragio es necesario que se garantice a todas las personas con discapacidad, no sólo por una cuestión de igualdad, sino porque es un mandato recogido en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008 y debe por tanto cumplir.

06 de Febrero de 2017
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