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EL CERMI LAMENTA QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO PROTEJA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lamenta el nulo compromiso del Tribunal Constitucional con la protección de los derechos de las personas con discapacidad, de cuyas demandas de amparo se desentiende reiteradamente.

El último ejemplo de esta actitud se produjo el pasado día 7 de julio, cuando el Tribunal Constitucional rechazó de plano admitir a trámite la demanda formulada por una persona con discapacidad que solicitaba amparo al verse vulnerado su derecho a acceder al empleo público en condiciones de igualdad.

Dicha demanda se basaba en la inaplicación de las medidas de discriminación y acción positivas recogidas en la normativa de la Unión Europea y traspuestas a nuestro ordenamiento por medio de diversas disposiciones, que están llevando a cabo los tribunales de justicia ordinarios, incluido el Tribunal Supremo.

Esta mala práctica jurisprudencial es tan lesiva que ya en el último año y ante un caso similar, la Defensora del Pueblo, a petición del CERMI, interpuso otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Para hacerse una idea de lo excepcional del asunto, baste indicar que era el primer recurso de amparo que interponía dicha Institución en favor de un particular desde el año 1990.

El propio CERMI ha tenido que denunciar al Reino de España ante la Comisión Europea por incumplimiento del Derecho de la Unión, pues los pronunciamientos judiciales traen como consecuencia el vaciamiento de las medidas de acción positiva a favor de la inserción laboral de personas con discapacidad en su acceso al empleo público. En la práctica, esta corriente jurisprudencial lleva a la anulación de lo que se conoce como el “turno de personas con discapacidad” en los procesos selectivos.

Ante esta situación, era de esperar que el Tribunal Constitucional solventase la controversia, y se pronunciase protegiendo el derecho fundamental de acceso al empleo público regulado en el artículo 23.2 de la Constitución, en su vertiente de acceso de las personas con discapacidad a la función pública, de modo que se aunase el imperativo cumplimento de los principios de igualdad, mérito y capacidad con las necesarias medidas de discriminación positiva recogidas en la Directiva de Igualdad 2000/78/CE.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha considerado que esta crucial cuestión tenga rango suficiente para admitirla a trámite y pronunciarse sobre el fondo, por lo que peligran las medidas de acción positiva a favor de personas con discapacidad en el acceso al empleo público.

El CERMI insta a la Justicia constitucional a tomar activamente conciencia de los derechos de las personas con discapacidad, asumiendo el modelo de derechos humanos establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y poniéndolos en práctica a través de decisiones que protejan efectivamente su ejercicio.

16 de Julio de 2016.
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