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Respuesta del CERMI al cuestionario del Alto Comisionado de derechos Humanos de la ONU

El CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad) como máxima plataforma representativa de la Discapacidad en España, como miembro de ECOSOC y también en su calidad de ser el mecanismo independiente designado por el Estado Español para el seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) conforme al artículo 33.2 de la CDPD, recibe con agrado y compromiso la consulta del Comité CESCR relativo al artículo 5.

1. ¿Ha adoptado su país legislación que establezca la discapacidad como un fundamento prohibido de discriminación, incluyendo como forma de discriminación a la negación razonable de alojamiento? Por favor indique detalles de alguna reforma legal al respecto.

Sí que existe normativa al respecto a nivel estatal, que identifica la prohibición de discriminación y que establece que la denegación de ajustes razonables es discriminatoria.

La primera vez que se reconoce este derecho fue con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (modificada en 2011, por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante la que se amplió el concepto de persona con discapacidad para adaptarlo a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacida, en el ámbito de la protección frente a la discriminación.

Actualmente está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social:

Artículo 63. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades.

Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, definidas en el artículo 4.1, cuando, por motivo de o por razón de discapacidad, se produzcan discriminaciones directas o indirectas, discriminación por asociación, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.


En todo caso, la gran quiebra de esta norma es que afirma un derecho que no garantiza ni su aplicación ni su defensa. En este sentido, para la defensa de este derecho esta ley no define un marco a aplicar en los diferentes territorios , tienen que ser éstos los que definan leyes de protección, y la realidad es que, en España, de las 17 Comunidades Autónomas, sólo dos han desarrollada normativa. De forma que, en caso de incumplimiento la persona no tiene garantía alguna a través de la vía administrativa que es directa y gratuita. Debería ir a un juicio, lo cual es una barrera infranqueable por el alto coste.

Por ello, se viene denunciando que los derechos sin garantías no son derechos.

2. ¿Aplica su país una evaluación objetiva para determinar si el alojamiento solicitado por una persona con discapacidad es indebido o inadecuado? En tal caso, por favor describa las evaluaciones y los distintos elementos que la misma utiliza (500 palabras).

No existe un procedimiento para determinar esta situación. Por otra parte, la práctica demuestra que cuando se deniega ni se valora ni justifica por qué es desproporcionado o indebido. Es más, se desconoce este criterio y se confunde con la accesibilidad, es decir, para justificar la no aplicación de la accesibilidad se defiende que es un ajuste razonable, pero tampoco se determina el por qué es desproporcionado o indebido.

3. ¿Aplica su país acciones concretas para combatir la discriminación estructural contra las personas con discapacidad? En tal caso, por favor describa la forma en que aplican estas medidas y como se hacen cumplir (500 palabras).

Desde un punto de vista positivo, debe manifestarse que la discapacidad cuenta con planes específicos, así como, también es incluida de forma transversal.

Entre algunos planes se pueden citar: Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad; El Plan integral de apoyo a la familia 2015-2017, con menciones a la discapacidad; El Plan Nacional de Reformas (PNR) 2015 incluye medidas para la potenciación del empleo de las personas con discapacidad; Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020.

Sin embargo, la dificultad radica en que no existe un seguimiento de su aplicación y éxito, ni evaluación de impacto. En algunos casos las reformas estructurales, especialmente ligadas a la accesibilidad y los ajustes razonables desde una dimensión transversal son obviadas o son meras posibilidades.

4. ¿Dispone su país de leyes, políticas y estrategias para combatir la discriminación contra las mujeres y niños con discapacidad? Por favor indique como se reflejan estas leyes en la legislación y en el marco político (500 palabras).

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, incluye una mención específica a infancia y mujer en su artículo 7.

Existen, como en el caso anterior, previsiones específicas y transversales, por ejemplo: El Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018 o el Plan Estratégico de Convivencia Escolar.

Sin embargo, de nuevo, el acceso en igualdad y no discriminación a los derechos, a través de la accesibilidad y los ajustes razonables se soslaya e incluso no se prevé, de hecho el plan de convivencia escolar prevé un teléfono gratuito contra el acoso escolar de ayuda a niños y adolescentes, cuya accesibilidad ni se contempla. Otro ejemplo es que hasta 2015 el teléfono de atención ante la violencia de género no estaba asegurada su accesibilidad.

En este sentido, se adolece de una contaminación del modelo médico que dificulta que la discapacidad sea contemplada desde un enfoque de derechos humanos de conformidad con la Convención.

5. ¿Está su país monitoreando y recopilando datos desglosados sobre la discriminación de personas con discapacidad, incluyendo los desgloses relacionados con el género, la edad y los impedimentos a las que tales personas están sometidas?

No existen estadísticas que determinen la relación entre la discapacidad y el acceso a derechos, sí existen del tipo empleo de personas con discapacidad o para los estudios, pero no hay un análisis de en qué medida la falta de recursos, de accesibilidad, de ajustes razonables supone una limitación y restricción del acceso a derechos.

23 de Junio de 2016.
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