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UNA VISTORIA QUE PODRÍA SER LA DE 80.000 PERSONAS

El caso de Mara podría sentar un precedente. Si prospera el incidente de nulidad de la Fiscalía ante el Supremo, el juez sólo le daría la razón a Mara. Pero si, por el contrario, el caso se gana en el Constitucional, supondría el derecho al voto de las miles de personas con discapacidad que en España se ven privadas de él. En total, la cifra está en torno a las 80.000 personas, según datos de la Fiscalía.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está plenamente vigente en el ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008. Establece la universalidad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y advierte de la necesidad de que las personas con discapacidad puedan ejercerlos «plenamente y sin discriminación». Sin embargo, la realidad en España está muy lejos de un escenario así.

En opinión de la delegada del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para la Convención de la ONU, Leonor Lidón Heras, la sentencia que considera que Mara no puede ejercer su derecho al voto «niega el derecho de Mara a opinar, a votar y, por tanto, vulnera sus derechos fundamentales».

Considera que todavía queda mucho camino que recorrer ya que, en su opinión, «siguen sin existir mecanismos de garantía de libertades en el ámbito de la igualdad y no discriminación, lo que se traduce en que tienes un derecho que no puedes defender y, por tanto, no lo tienes. Es una ficción legal». Para Lidón, la privación del voto es incompatible con la Convención y asegura que las leyes en España «discriminan a las personas con discapacidad, bien porque obvian sus necesidades específicas, bien porque las excluyen, como es en el caso del derecho al voto».

Eladio Fernández, presidente de Plena Inclusión Galicia, defiende que, «salvo casos muy, muy excepcionales, toda persona debe poder votar. Las leyes están para mejorar la vida de las personas, no para empeorarlas». En su opinión, el principal problema radica en que «seguimos viendo a las personas con discapacidad como una fuente de limitaciones, no de posibilidades». Sin embargo, se muestra optimista y cree que ya se están produciendo algunos cambios significativos: «Desde el año 2005 hasta hoy se han dictado muchas sentencias que incapacitan a las personas con discapacidad, pero establecen salvedades», es decir, protegen sus derechos. Algo esencial ya que, como Eladio Fernández asegura, los familiares de personas con discapacidad que toman la decisión de pedir una incapacidad para sus hijos lo hacen simplemente «para ayudarles y protegerles, no para privarles de sus derechos».

Tal y como afirma Leonor Lidón, la normativa actual supone un escollo para las personas con discapacidad y advierte de que no podemos hacer oídos sordos a esta realidad: «El Comité de Naciones Unidas ya mostró su preocupación por la privación del derecho al voto e instó a España a la modificación de la Loreg (Ley Orgánica del Régimen Electoral General)». Algo que todavía no ha sucedido.

02 de Mayo de 2016.
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