El proyecto de Ley por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad permanente fue defendido por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que espetó a Vox que se sitúa en “un pasado muy lejano”, en el “antiguo régimen”, que hablaba de las personas con discapacidad como “inválidos” e incluso “vagos”.

“Lejos de lo que ustedes dicen, el Gobierno va a hacer justicia con las personas con discapacidad y vamos a cumplir con la doctrina que emana del Tribunal de Justicia Europeo”, aseveró la vicepresidenta segunda.

Además, señaló que no se puede olvidar que la norma cumple con los mandatos de normativas como la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y avanza en la línea de la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir ‘disminuidos’ por ‘persona con discapacidad’ y para reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

La ministra de Trabajo celebró que en la última década hayan mejorado las cifras sobre empleabilidad de estas personas, aunque aclaró que los datos “son mejores” pero “no buenos”. En este sentido, proclamó que “el reto que tenemos por delante es grande”, ya que solo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo.

Díaz reprobó que Vox hable en su enmienda de “aspiración” de las personas con discapacidad y no de derechos y avisó de que la población con discapacidad seguirá en aumento en los próximos años. “A ustedes parece que les molestan las personas con discapacidad. Hechos son evidencias: han votado en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española”, remachó Díaz, quien afeó que se negaran a cambiar el término “disminuido” de la Carta Magna.

También proclamó que “hay que garantizar el trabajo de las personas con discapacidad”, que es “esencial” para la “seguridad económica, para la salud física y mental, el bienestar personal y el sentido de identidad”. Además, sentenció que la sociedad es “mejor” cuando “en las empresas hay personas diversas, muchas de ellas con discapacidad”.

DESATINOS

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe sostuvo que la norma está llena de “desatinos” y criticó que el texto hable de voluntariedad de la persona trabajadora con discapacidad sobrevenida cuando es el empresario quien afrontará el coste de las adaptaciones del puesto.

Asimismo, alertó de que no solo se pueden producir costes desproporcionados por la adaptación de un puesto de trabajo, sino si se destina a la persona a otras funciones, pues puede incluso necesitar una formación específica para las mismas. En su opinión, el texto esconde “una gran trampa”, porque “se ponen en peligro” prestaciones como la de invalidez e incapacidad permanente, por lo que debe devolverse al Ejecutivo a fin de que se corrijan “cuestiones técnicas”.

Más allá de Vox, muchos partidos plantearon aspectos de discrepancia en algunos casos, si bien expresaron que presentarán propuestas de mejora durante el trámite parlamentario, permitiendo que el texto siga su curso.

RODILLO LEGISLATIVO

Así, la diputada del PP María Isabel Prieto eludió referirse a la enmienda de Vox y manifestó que comparte la intención de la norma, aunque denunció que Díaz “está utilizando la vía del rodillo legislativo” sin haber negociado antes con sindicatos y patronal, pero con “cesiones” a partidos independentistas para mantenerse en un Ejecutivo “cercado” y “acechado por la corrupción”. A su juicio, el cambio legal “llega tarde y mal” y es una “regulación deficiente, carente de rigor técnico y jurídico”.

“Usted se ha convertido en la ministra de los mil anuncios, que cada día pregona múltiples modificaciones legislativas, pero lo cierto es que lleva un año de legislatura y no ha aprobado nada, a excepción del Real Decreto Ley de Desempleo, que ya pudo convalidar a cambio de las cesiones políticas a partidos nacionalistas e independentistas”, apostilló.

Por otro lado, a favor del texto del Gobierno se expresaron Sumar (la formación de Díaz) y el PSOE, cuya diputada Elisa Garrido mostró su deseo de que la norma se pueda aprobar por unanimidad y tendió la mano a todos los partidos para ello.

Además, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal resaltó que hay aspectos que quiere corregir Vox en el texto que se pueden solventar vía enmiendas y no pidiendo la devolución del texto.

La parlamentaria de Podemos Noemí Santana apuntó que la reforma legal soluciona una “discriminación histórica” de las personas con discapacidad, aunque mostró su preocupación por que la empresa pueda determinar qué es un coste excesivo.

En la misma línea, desde el BNG, Néstor Rego pidió que las empresas estén “obligadas” a adaptar los puestos de trabajo y que no se les deje la “última palabra”.

CAMBIOS LEGALES

La modificación del artículo 49.1.e) del Estatuto de los Trabajadores eliminará la referencia a la extinción automática por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente Temporal, separando con ello estas causas de la muerte de la persona trabajadora.

La posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora que podrá solicitar una adaptación del puesto de trabajo razonable, necesaria y adecuada o el cambio a otro puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

El texto también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y también, en su caso, si son razonables para el tamaño de la empresa.

Por su parte, la enmienda a la totalidad de Vox emplea argumentos como que el proyecto de ley “viene a trasladar la carga económica que supone la prestación de incapacidad permanente desde las arcas del sistema de Seguridad Social a las empresas, ya que, de optar el trabajador por el mantenimiento de su puesto de trabajo, la empresa correrá a cargo del salario y las cotizaciones del empleado, al que no deberá abonarse la prestación pública”.

“Sin duda esto tiene muchos aspectos positivos, pero hay un factor que también debe valorarse: la carga excesiva para la empresa que, tras haber estado cotizando por contingencias que pueden dar lugar a una situación de incapacidad permanente, una vez concretado el riesgo cubierto, deba continuar abonando en exclusiva las obligaciones económicas para con la persona afectada”, añade.