El Pleno del congreso de los diputados debatirá y votará este martes la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca acabar con “los copagos confiscatorios” en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Según avanzaron los portavoces de PSOE, PP, Vox, Sumar y ERC en la Comisión de Sanidad del Congreso, los grupos mayoritarios apoyarán la toma en consideración de esta ILP, que podrá así iniciar su tramitación parlamentaria.

Lo hicieron tras escuchar la intervención hace dos semanas del presidente de Cermi, Luis Cayo Pérez, quien compareció en representación de la plataforma promotora “por cuarta vez” ante los diputados para defender esta ILP.

Según apuntó, esta propuesta arrastra “casi diez años de demora por falta de impulso y compromiso político e institucional”, un retraso que “ha generado frustración y desafección”. «Esperamos que esta sea la definitiva”, aseguró, y pidió “encarecidamente” el apoyo de todos los grupos” a la toma en consideración de esta propuesta cuando se vote en el Pleno.

NUEVOS CRITERIOS

Con casi 740.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas mayores de edad, la ILP pide modificar la Ley 39/2006 para incluir una serie de medidas que pongan fin a lo que, a su juicio, resulta “un copago confiscatorio” por los servicios de dependencia.

Para empezar, reclama que la norma incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.

Entre otros mínimos, propone la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) para todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”), limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo). También defiende que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrocinio”.

FALLOS ACTUALES

A juicio de Pérez, la situación actual provoca “un copago exacerbado” y “grandes diferencias entre territorios”; “no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra; expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales (por no poder afrontarlo), y disuade de trabajar a las personas con discapacidad que pueden generar ingresos, pues funciona el perverso silogismo de ‘cuanto más ganes, más pagas’”.

En épocas de crisis, “invita a las comunidades a caer en la tentación de hacer que el sostenimiento del sistema recaiga en los usuarios”, agregó.

El Libro Blanco de 2004 y 2005, “utilizado como base de la futura ley”, estimó que un tercio de la financiación del sistema debería proceder del Estado; otro tercio, de las comunidades autónomas, y el resto “sería aportado por los particulares”. Hoy en día, “no tenemos idea” de si esto es así, subrayó Pérez.

Denunció además que una ley que nació con la idea original de fomentar los cuidados profesionales “se ha desvirtuado” en la práctica.

La imposibilidad de afrontar el copago hace que muchas personas opten por “quedarse en casa y solicitar cuidados en el entorno familiar, para asegurarse un ingreso” en la familia. De este modo, se ignoran las necesidades personales del usuario, indicó.

Los grupos parlamentarios se mostraron a favor de la modificación propuesta y manifestaron su voluntad de negociar para llegar a acuerdos de cara a un texto definitivo.