El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha presentado ante Naciones Unidas un conjunto de propuestas en materia de derechos humanos como el derecho al trabajo y el empleo, la igualdad y no discriminación, la educación inclusiva o la vivienda.

Acorde con su misión, el CERMI busca fortalecer la presencia de los derechos de las personas con discapacidad en el proceso de examen periódico universal que es una herramienta esencial para evaluar a España en las políticas y legislaciones en materia de derechos humanos.

En efecto, el Examen Periódico Universal (EPU) es un examen de carácter universal al que se someten, cada cinco años aproximadamente, todos los Estados miembros de Naciones Unidas y en el que se evalúa el cumplimiento de las obligaciones y estándares internacionales sobre derechos humanos por parte de los países examinados.

España se sometió al Tercer Ciclo de este ejercicio en enero de 2020, adoptándose el documento final por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) el 16 de julio de ese mismo año.

Con posterioridad, en mayo de 2023, España presentó el informe intermedio de seguimiento de las recomendaciones aceptadas en 2020, que es un informe de carácter voluntario, considerado como una buena práctica dentro del procedimiento, que constituye el punto de partida para la elaboración del informe nacional del Cuarto Ciclo del EPU.

El CERMI, como organización representativa del movimiento social de la discapacidad en España, ha elaborado las aportaciones que tienen como objetivo hacer seguimiento de la aplicación de las observaciones y recomendaciones del sistema internacional de protección de los derechos humanos en España e impulsar las medidas legislativas y de política pública necesarias para su implantación.

El documento con las aportaciones del CERMI contiene el seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado español en el Tercer Ciclo del EPU en cuanto a los avances necesarios que debe realizar para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas con discapacidad sin discriminación alguna.

A pesar de los cambios legislativos y en las políticas públicas que se han producido en España desde que asumiera las recomendaciones del EPU en el año 2020, en la mayoría de los casos, han sido insuficientes para abordar las causas estructurales de la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales que afectan a las personas con discapacidad que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Las modificaciones legislativas realizadas han sido limitadas o no han terminado su tramitación por los bloqueos y desacuerdos entre los propios socios de gobierno de coalición. Por otro lado, si bien se han adoptado medidas de política pública para paliar tanto los efectos de la COVID 19, como los producidos por la guerra de Ucrania en la economía europea y en la población española, estas medidas no han llegado plenamente a las personas con discapacidad.

Desde el CERMI se considera que, en materia de derechos sociales, culturales y económicos, resulta prioritario avanzar en tres principios transversales imprescindibles para lograr una verdadera garantía de estos. En primer lugar, la justiciabilidad, ya que no es posible respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sin mecanismos y procedimientos para reclamar ante la justicia una vulneración. En segundo lugar, la no regresividad, ya que nuestro país tiene la obligación de destinar el máximo de recursos disponibles para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos humanos. En tercer lugar, la igualdad y no discriminación, puesto que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación y teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de determinados sectores sociales como puede ser el de las personas con discapacidad.

Junto con estos tres principios de corte más general, el documento de aportaciones preparado por el CERMI contiene hasta 27 propuestas de mejora.