• El CERMI ha presentado un informe sobre el estado de la cuestión y ha intervenido hoy ante el Comité reunido hoy en Ginebra, Suiza.
• Se trata de una investigación en el marco del artículo 6 del Protocolo Facultativo de la Convención

18 de marzo de 2024.- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha presentado un informe y ha intervenido hoy en Ginebra, Suiza, ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en su 30º período de sesiones, para realizar el examen de las cuestiones relacionadas con la visita que realizó el órgano de control de la Convención a España, en el año 2017, para investigar el estado de la educación inclusiva en nuestro país.

Hay que recordar que el Comité de Naciones Unidas había adoptado en su 18º período de sesiones (14 al 31 de agosto de 2017) su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo (CRPD/C/ESP/IR/1). En dicha norma viene establecido que “si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información (…) Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio”.

La reunión de trabajo con el Comité, presidida por máxima responsable Gertrude Oforiwa Fefoame, tuvo lugar hoy en la Sala 17 del Palacio de Naciones, de la ciudad de Ginebra, Suiza, y en la misma intervinieron, entre otros, el Delegado de Derechos Humanos del CERMI Estatal, Gregorio Saravia Méndez, y representantes del Gobierno de España: la embajadora Aurora Díaz-Rato Revuelta, el embajador Ángel Lossada, la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, Mónica Domínguez, y el Director de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco.

En su comparecencia, el CERMI señaló que “la legislación española no resulta acorde con el modelo de educación inclusiva establecido por la Convención, ya que sigue manteniendo estructuras y modalidades educativas que segregan a una parte del alumnado con discapacidad. Aunque las leyes establezcan entre sus principios la inclusión educativa, lo hace con limitaciones acusadas, que no materializan el contenido del derecho”.

En este sentido, hay que tener en cuenta que “el alcance del derecho a la educación inclusiva a que se refiere la Convención ha sido delimitado por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en su Comentario General número 4 (2016), relativo al artículo 24 de la Convención, en el que señala que «El derecho a la educación es el derecho de todas las personas a aprender en un sistema educativo diseñado teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, en el que todos los centros educativos acogen a todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, lingüísticas u otras». Por lo tanto, subrayó CERMI, un sistema educativo inclusivo debe estar basado en la no discriminación e igualdad de oportunidades, y la provisión real y efectiva por las Administraciones educativas de apoyos individualizados.

Asimismo, el CERMI se mostró crítico con el hecho de que “con más de 16 años, desde su entrada en vigor, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad está todavía muy lejos de verse cumplida y dista mucho de ser plenamente efectiva en España en lo que atañe a la educación inclusiva”.

Uno de los problemas que se siguen advirtiendo desde el CERMI es la falta de recursos personales a los equipos de orientación educativa. Esta falta de medios aumenta los tiempos de los procesos de evaluación psicopedagógica del alumnado y, en consecuencia, retrasa la adopción de las medidas específicas al no disponer del correspondiente informe psicopedagógico.

Desde el CERMI se ha podido comprobar la insuficiencia de recursos de apoyo (profesorado especialista y personal de apoyo educativo) en las aulas ordinarias para garantizar la participación de este alumnado en igualdad de condiciones que sus compañeros y compañeras.

Instalar la discapacidad en la doctrina y en la práctica de los derechos humanos es lo fundamental que ha aportado la Convención, eso ya no tiene discusión posible y cuando hay un incumplimiento en relación con los derechos de las personas con discapacidad se están vulnerando derechos humanos.

La reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española nos habla de políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles y que se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Este mandato constitucional, este hito histórico para toda la sociedad civil española y este ensanchamiento de su sistema democrático, debe tener su reflejo en materia educativa.

Por parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, luego de la intervención del CERMI, intervinieron Amalia Gamio y Rosa Idalia Aldana, como relatoras del órgano de control de la Convención, para preguntar por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), sus efectos y el impacto que está teniendo la labor del CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención.

Como respuesta, el CERMI ha informado de que se ha emplazado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte a que apruebe ya y despliegue el Plan de Inclusión Educativa que ordena la reforma legal de 2020, ya que ha trascurrido un tiempo más que sobrado y no se ha materializado esta previsión legal, por lo que es necesario actuar con urgencia para aprobarlo, con un contenido dialogado y acordado con todos los grupos de interés de la comunidad escolar, en especial con el movimiento social representativo de la discapacidad.

El Delegado de Derechos Humanos del CERMI Estatal ha querido también destacar el duro y doloroso proceso por el que deben pasar las familias que ven cómo se discrimina a sus hijos e hijas cuando se les niega una educación inclusiva, destacando aquí los ejemplos de María Isabel Perogil Sabán, de Extremadura, madre de Elena y de la que se pudo escuchar su testimonio videograbado y el paradigmático caso de Rubén Calleja. Después de una década y media de odisea administrativa-judicial para Rubén Calleja y su familia, el Estado español deberá resarcir a este joven por haber sido discriminado y excluido de la educación ordinaria quebrantando varios de sus derechos, incluido el reconocido en el artículo 24 de la Convención sobre la educación.

El CERMI también ha querido mostrar su espíritu de colaboración con las Administraciones Educativas en todos aquellos aspectos vinculados con la defensa del derecho a la educación de las personas con discapacidad, se trata de un proceso que deben liderar en colaboración con el alumnado, docentes, familias y sociedad civil. El progreso hacia la educación inclusiva debe abordarse desde el diálogo, el sosiego y el encuentro, precisamente porque nos jugamos el derecho a la educación de todas las personas.

Para finalizar, desde CERMI se ha manifestado que “en España, el derecho a la educación inclusiva no es una realidad palpable y varias de las Recomendaciones que el Comité hizo en su Informe de la investigación relacionada con España bajo el artículo 6 del Protocolo Facultativo, lamentablemente, no se han seguido”.