El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado al Parlamento que corrija la ausencia de cobertura legal para hacer efectivos en el Derecho interno las decisiones de los órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanaos, en respuesta a quejas y reclamaciones de nacionales españoles.
Así lo ha planteado el CERMI en un documento de propuestas de enmiendas, remitido a los grupos parlamentarios, a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España, que se tramita en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
Son crecientes los pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, de los que España es parte, que amparan o dan la razón a personas que han visto vulnerados los derechos reconocidos en esos textos, a pesar de lo cual, carecen de procedimiento, jurisdiccional o administrativo, para hacerlos efectivos en España.
Quedan así desprotegidas a pesar de contar con una decisión favorable a sus derechos, pretensiones e intereses.
Ante este vacío legal, el CERMI propone al Parlamento que en la iniciativa legislativa en curso subsane este déficit normativo y se prevean los mecanismos adecuados para que estas decisiones de órganos internacionales tengan la debida traducción en el Derecho nacional.
Los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo los que tienen dispositivos de reclamación y denuncia abiertos a particulares, han de contar con procedimientos internos que les den efectividad, aspecto que nuestra legislación vigente no ha regulado.
Precisamente, para paliar esta laguna legal, el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, elaboraron una propuesta de modificación normativa en este sentido que hicieron llegar a los Ministerios de Justicia, Exteriores y Derechos Sociales, sin que hasta el momento conste actividad por parte de estos Departamentos.
Recientemente, el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia concediendo efectividad a estos pronunciamientos de órganos de seguimiento de tratados, pero siga estando ausente el soporte legal.