- Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración este viernes del seminario virtual “¿Protección o discriminación? La inimputabilidad penal a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”
27 de octubre de 2023. El Comité Español Representante de personas con discapacidad (Cermi) y Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) ha pedido revisar, desde un enfoque exigente de derechos humanos, el principio de no discriminación y el modelo social, la inimputabilidad penal de las personas con discapacidad.
Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que se ha llegado durante la celebración este viernes del seminario virtual “¿Protección o discriminación? La inimputabilidad penal a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. La jornada ha sido organizada por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD), con la colaboración económica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El objetivo de este seminario ha sido abordar las relaciones entre inimputabilidad penal y personas con discapacidad. La inimputabilidad, peligrosidad y medidas de seguridad por razón de discapacidad en el ordenamiento jurídico español ha sido el tema tratado por parte de Patricia Cuenca, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.
Cuenca ha subrayado y denunciado que una medida de seguridad de internamiento “termina teniendo como consecuencia una privación de la libertad, habitualmente en el medio penitenciario, de mayor duración, de mayor intensidad y puerta giratoria”. Además, ha puesto de relieve los problemas específicos de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, escasez, ubicación, sobrepoblación, bajo perfil rehabilitador, falta de recursos, etc.
Entre los cambios necesarios que ha indicado Cuenca, se encuentra la regulación de medidas en la normativa y su aplicación en la práctica debe ser revisada desde el enfoque de derechos, el principio de no discriminación y el modelo social.
Otro cambio, sería redefinir en términos no estigmatizantes y más neutrales las causas de inimputabilidad, eliminando las referencias a las anomalías y los trastornos y centrado la regulación en las dificultades para comprender la ilicitud del hecho y actuar conforme a esa comprensión.
Asimismo, ha pedido “abandonar la apelación a la idea de peligrosidad como fundamento de las medidas de seguridad y poner el foco en las necesidades de apoyo y atención de acuerdo con el objetivo de la resocialización”. Según la experta, es necesario de forma urgente “abrir el debate acerca de cómo encajar la evaluación de la responsabilidad criminal de las personas con discapacidad con las exigencias del artículo 12 de la Convención”.
Además, este seminario virtual ha contado con una mesa en la que se ha debatido sobre la inimputabilidad penal de las personas con discapacidad vista desde el enfoque de derechos. En esta mesa, moderada por el delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de Discapacidad, Gregorio Saravia Méndez, han participado el secretario del Comité de Derechos de las personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Jorge Araya; la responsable de Derechos Confederación Autismo España, Paloma Rodrigo Gutiérrez; y la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia de Confederación ASPACE, Ángeles Blanco.
Por su parte, Jorge Araya ha ofrecido un análisis sistemático de cómo funciona la Convención en términos de la interdependencia que existe en los derechos humanos, resaltando el papel del principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, ha enfatizado en la necesidad de difundir “la toma de razón y conciencia sobre estos principios de la Convención” “Estamos hablando de imperativos legales y jurídicos” ha ponderado Araya.
Paloma Rodrigo ha aterrizado el debate con los elementos jurídicos y en materia penal. Además, ha destacado como principales obstáculos la falta de especialización de muchos juzgados, así como el desconocimiento de las personas sobre sus derechos.
A continuación, Ángeles Blanco, ha abordado el seminario bajo un análisis teórico de la enorme trascendencia de los significados de los distintos términos de este asunto. “Es necesario reformular la antigua inimputabilidad porque, de mantenerse así, si pudiera considerarse discriminatoria” ha defendido Blanco.
También, se ha centrado en analizar situaciones específicas, mencionando las claves para establecer diferencias a tener en cuenta junto con orientaciones al respecto y un planteamiento teórico en el que ha puesto en valor el papel de las personas facilitadoras.
Las conclusiones y el acto de clausura han corrido a cargo del asesor jurídico del CERMI y Patrono de la FDyD, Óscar Moral Ortegaquien se ha encargado de realizar un resumen de toda la jornada y de las principales reflexiones que han salido a la luz. “Durante la jornada de hoy se ha puesto en evidencia que existe más discriminación y desprotección” y ha afirmado que “la imputabilidad debe ser la norma y la inimputabilidad la excepción. Necesitamos reflexionar y genera puntos de consenso para esas modificaciones normativas y para que la inimputabilidad no se vea desprotegida” ha aseverado Moral Ortega
Desde luego, y según apunta Moral Ortega, “no podemos solicitar la plena capacidad jurídica y no entender que esto no tenga efectos en otros ámbitos como el penal”.