El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) defiende el endurecimiento de las sanciones a los delitos de odio, ya que según apunta, “solo a través de la erradicación de la discriminación racial, las distintas formas de intolerancia y los delitos de odio, se podrán garantizar los derechos a la libertad y la integridad de las personas con discapacidad”.
Así consta en un documento de aportaciones que ha elaborado el CERMI, a la consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto Normativo consistente en una Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia.
En este sentido, el CERMI se muestra preocupado por los efectos de la discriminación racial y del racismo sistémico, incluso en lo que se refiere al racismo estructural e institucional, en el disfrute de los derechos humanos para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, puesto que consideran que “justamente las personas más vulnerables de la sociedad son las que pueden llegar a ser más afectadas por los delitos de odio”, de aquí la relevancia de su reclamación de una mayor protección, mediante una legislación “incluso de tipo penal antidiscriminatoria”.
En este documento además, el CERMI destaca la necesidad de asegurar el entrecruzamiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con la implementación plena y efectiva de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
Al respecto, afirma que hay que “actuar con urgencia y desde un enfoque de derechos humanos para garantizar la participación plena, equitativa y significativa de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la formulación de políticas relacionadas con la puesta en marcha de un freno eficaz al racismo, la discriminación racial y otras formas de intolerancia”.
Asimismo, el CERMI considera que “la prohibición de todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial y el racismo, en el contexto de las personas con discapacidad pasa por identificar cualquier forma de discriminación sistémica y en particular aquellas que se dirigen frecuentemente a las propias personas con discapacidad en materia de acceso a la justicia, a una vivienda digna, asequible y accesible, de derecho al bienestar, derecho a la salud, a la educación, a la vida independiente o a los ajustes razonables que aseguren el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información o las comunicaciones”.
Así pues, de cara a la creación de la nueva Ley Orgánica contra la Discriminación Racial el CERMI declara que “se necesitan mejorar los estudios estadísticos; se deben desmantelar las barreras existentes que encuentran las personas con discapacidad para acceder a mecanismos legales y judiciales, mediante la creación de protocolos y mecanismos accesibles para atajar el fenómeno de la infradenuncia; y asegurar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estén formados en cuestiones básicas de accesibilidad y sobre todo evitar el lenguaje técnico o complicado ante casos que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, además de adaptar el entorno policial en el que se sustancia la denuncia y eliminar elementos estresantes para la víctima, así como usar documentos de lectura fácil cuando se les proporcione cualquier información para facilitar la presentación de la denuncia”.
Fuente: Servimedia