El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe en el que se lleva a cabo una lectura cruzada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas para a partir de estos dos instrumentos multilaterales maximizar su potencial inclusivo con las personas con discapacidad.
El informe, que se ha difundido entre todos los grupos de interés de la plataforma representativa de la discapacidad, pretende dar cuenta de la relación entre los Objetivos de la Agenda 2030 y los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención de Naciones Unidas de 2006 y, desde esta relación, proyectarlo sobre la Estrategia española de desarrollo sostenible.
La Convención reafirma que las personas con discapacidad deben disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Recoge todas las categorías de derechos, prestando atención a aquellas áreas donde los derechos de las personas con discapacidad han sido violados y donde la protección de estos derechos debe ser reforzada.
Por su parte, los ODS son un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, aprobado en 2015, firmado por 193 Estados y compuesto por 17 Objetivos y 169 metas.
Los ODS son de carácter integrado e indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Estos objetivos pretenden ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y además alcanzar aquellos objetivos que no se cumplieron. Constituyen un compromiso para promover la prosperidad y proteger el medioambiente.
Los ODS giran alrededor de 5 ejes: las personas y su dignidad; el planeta, protegiendo su degradación; la prosperidad, combatiendo la desigualdad; la paz, propiciando sociedades pacíficas, justas e inclusivas; y las alianzas mundiales, con espíritu de solidaridad y respetando la diversidad.
El informe del CERMI ha sido realizado con apoyo del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.