- La Jornada Virtual promovida por CERMI y la Confederación Salud Mental España, se ha debatido sobre la importancia de incorporar a la agenda política las demandas de las personas con discapacidad psicosocial.
(Madrid, 15 de diciembre de 2021). El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Confederación de Salud Mental España han abogado por proyectar el enfoque de Derechos Humanos en la atención a personas con discapacidad psicosocial, que consideran un reto que España todavía tiene pendiente.
La Jornada Virtual que ha tenido lugar este miércoles, ha puesto el foco en incorporar los Derechos Humanos y la salud mental en la agenda política, así como a debatir sobre su situación en España y su evolución hasta llegar al contexto actual.
Al respecto, el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel Anxelu, ha destacado en su intervención que “los derechos humanos son la piedra angular de la salud mental, por constituir estos una asignatura pendiente en España”, y ha remarcado la necesidad de “exigir el respeto de los derechos que garantiza la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que existe una vulneración sistémica de estos en el caso de las personas con problemas de salud mental”.
Por otro lado, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, ha puesto de relieve la necesidad de “trabajar para erradicar el término disminuidos y consagrar la expresión personas con discapacidad”.
También ha explicado que el Ministerio tiene en marcha programas concretos enfocados al ámbito de la salud mental, y ha subrayado la importancia de que seincluya siempre el enfoque de derechos humanos y de género. Al respecto, Martín Blanco ha asegurado que “cualquier política que salga desde este Ministerio será feminista”.
Asimismo, la directora general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, ha recalcado que “la salud mental es responsabilidad de todos, y que esta crisis pandémica podría contemplarse como una oportunidad para poner el foco en la mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental”. De hecho, ha comentado que desde este Ministerio recientemente se ha aprobado la Estrategia de Salud mental, que sirve como marco de referencia para el despliegue de acciones para la mejora de las condiciones de las personas con problemas de salud mental.
Según la asesora jurídica de Confederación Salud Mental España, Irene Muñoz Escandell, “los mitos del pasado existentes sobre las personas con problemas de salud mental aún sobreviven hoy en día”, pero “las herramientas que habíamos venido utilizando hasta ahora ya no sirven, se requieren otras soluciones que erradiquen el estigma y promuevan la prevención, y ello solo se logrará cuando las personas con problemas de salud mental sean sujeto de derechos y no foco de atención”.
Muñoz Escandell también ha explicado que “el déficit de la atención terapéutica es el mayor problema en España, ya que los datos muestran que hay 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa la media es de 18”.
Para la doctora en Derecho y experta del Consejo Nacional de Discapacidad, Patricia Cuenca, en la actualidad se están “vulnerando” varios artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad con medidas como el considerarlas personas incompetentes para la toma de decisiones, su internamiento sin permiso, o no tener en cuenta sus preferencias personales o voluntad.
Asimismo, ha remarcado que “para construir una sociedad inclusiva que contemple la participación plena de las personas con discapacidad psicosocial en la sociedad, primero hay que garantizar el cumplimiento de la Convención”.
Por último, el Delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de Discapacidad, Gregorio Saravia, ha hablado en su ponencia de la amenaza del Borrador del Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa’. “Desde el movimiento social organizado de la discapacidad nos debemos oponer a la adopción del protocolo adicional al Convenio de Oviedo, porque entendemos que supone una amenaza contra los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, y son contrarias al modelo de derechos humanos que defendemos desde el CERMI y que forma parte del espíritu y del articulado mismo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas” ha declarado.