• Así lo ha manifestado el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados
• La entidad ha defendido la reforma del Derecho Civil y procesal en materia de discapacidad, con el fin de migrar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones

(Madrid, 20 de octubre de 2020).- El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido este martes, en el Congreso de los Diputados, “agilidad” y “consenso” a los partidos políticos durante la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones para las personas con discapacidad que lo necesiten.

Así lo ha reclamado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, a fin de exponer la posición de esta entidad sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en trámite en el Congreso en estos momentos. El CERMI ha sido la entidad encargada de abrir una ronda de comparecencias de personas y organizaciones expertas convocadas por la Comisión de Justicia para que comparezcan y conocer de esta forma su posicionamiento.

“El sistema jurídico de sustitución vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias”, vulnera el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según ha sostenido el presidente del CERMI.

Pérez Bueno ha alertado del “efecto expansivo perverso” de la supresión de la capacidad jurídica, puesto que medidas como la exclusión del derecho al voto (vigente hasta 2018) o  las esterilizaciones forzosas (en trámite para ser derogadas) “estaban conectadas” con las incapacitaciones.

AMPLIA PARTICIPACIÓN

También ha subrayado que se trata de una reforma legal que ha sido elaborada durante años, con el concurso de ministros de Justicia de diferente signo político (Rafael Catalá, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo), y con la participación del propio movimiento de la discapacidad. Como ha recordado, se encargó la redacción del texto a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y ha contado con la aprobación y la participación de todos los grupos de interés, incluidos tribunales de justicia y organismos internacionales de derechos humanos.

Por ello, aunque durante la tramitación parlamentaria se introduzcan mejoras en la Proposición de Ley, ha pedido a las formaciones políticas “agilidad” en su aprobación y un “amplio consenso o unanimidad”.

“El nuevo paradigma sería no restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos y preferencias y decisiones, igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales”, ha remarcado Pérez Bueno.

A su juicio, esta reforma es “un logro país” y “ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad, que a veces percibimos como asfixiante”.