El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Estado español al seguir y aplicar en su política y legislación judiciales los principios y directrices de Naciones Unidas sobre acceso a la Justicia para las personas con discapacidad.
Naciones Unidas, que acaba de presentar un avance del documento “Principios y directrices internacionales sobre acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad”, establece unas líneas generales de actuación para el despliegue y cumplimiento por los Estados parte de los artículos 12 -igual capacidad jurídica- y 13 -acceso a la Justicia- de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Para Naciones Unidas, las leyes, los procedimientos y las prácticas continúan discriminando a las personas con discapacidad, y el sistema de justicia tiene un papel fundamental que desempeñar para prevenir esos resultados y brindar reparaciones efectivas cuando ocurren, particularmente, cuando se derivan de leyes injustas.
Garantizar el acceso a la Justicia es indispensable para una buena gobernanza democrática y para hacer efectivo el Estado de Derecho, así como para combatir la desigualdad y la exclusión. Por ello, el documento sobre los principios y directrices Internacionales sobre el acceso a la Justicia para las personas con discapacidad, proporcionan orientación integral e instrucción práctica sobre cómo garantizar el acceso a la Justicia para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.
Atenerse y poner en práctica a estos lineamientos, beneficiará a los agentes judiciales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de personas con discapacidad, para fortalecer las actividades de toma de conciencia, formación y prestación de servicios para garantizar el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. y su mayor representación y participación en los procedimientos judiciales.
Además, brindan un marco para la inclusión y participación de las personas con discapacidad en las diversas posiciones dentro de la Administración de Justicia (por ejemplo, en los papeles de juez, jurado o testigo) como un imperativo democrático que involucra y refleja todas las facetas de la sociedad.