A partir de una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y de Fundación Cermi Mujeres, la iniciativa parlamentaria busca eliminar el párrafo concreto que despenaliza esta práctica.

En la exposición de motivos, Ciudadanos señala que la “esterilización forzada” es una práctica más extendida de lo que la opinión pública considera y expone datos concretos para argumentarlo.

“Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se han practicado en España más de un millar de esterilizaciones forzadas, la mayoría de ellas en mujeres. Sólo en el año 2016 el Cermi, basándose en datos oficiales, señala que hubo 140 casos, dándose 865 casos más entre los años 2005-2013”, recoge.

El senador de Cs Tomás Marcos Arias defiende en la proposición de ley “una nueva redacción” del artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la eliminación «del párrafo segundo del texto vigente”. El texto actual posibilita la esterilización forzosa, previa autorización judicial, en los supuestos de personas con la capacidad jurídica modificada.

Además, Ciudadanos propone introducir una disposición según la cual, «en el marco de la legislación básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, para la toma de decisiones recibirán los mismos siempre en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre, voluntaria, madura e informada».