En el día de hoy, la comunidad mundial conmemora el 30 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, una oportunidad para hacer un llamamiento a toda la sociedad española y a sus poderes públicos para que intensifiquen los esfuerzos en aras al desarrollo completo y al bienestar de las niñas y los niños y para que renueven su compromiso inderogable de proteger y promover la totalidad de sus derechos humanos.

El artículo 23 del citado tratado internacional subraya, de forma específica, que las niñas y niños con discapacidad son titulares de los derechos recogidos en esa Convención, enfatizando particularmente su derecho a participar en la vida en comunidad y aun más importante establece la obligación de los Estados de garantizarles  una vida plena que asegure su dignidad.

Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedica también su artículo 7 a la infancia con discapacidad, si bien su realidad está presente de modo transversal en todo el articulado.

Naciones Unidas entiende que la infancia con discapacidad es un grupo social especialmente vulnerado y vulnerable en nuestra sociedad, y por eso acentúa sus derechos en estos dos tratados de internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de los grandes principios proclamados en nuestras normas, internacionales, europeas y nacionales, las niñas y los niños con discapacidad tienen que afrontar en nuestra sociedad graves situaciones de desigualdad, exclusión y ausencia de bienestar que lastran las posibilidades efectivas de desarrollar y maximizar sus potencialidades, disponiendo de condiciones para que el libre desarrollo de sus personalidad y su participación y aportación a la vida en comunidad sean una realidad.

En España, según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), residen alrededor de 130.000 niñas y niños con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2 % del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país.

El CERMI como movimiento cívico de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de la conmemoración del 30º aniversario de la Convención protectora de los derechos de la infancia, recuerda al Estado español aquellos asuntos pendientes en la agenda de derechos humanos de esta parte de la población, especialmente lo concerniente a las niñas y niños con discapacidad:

• La atención temprana y el desarrollo infantil, esencial para que el proceso de inclusión comunitaria y social de las niños y niños con discapacidad comience lo más adelantado posible en el tiempo con perspectivas halagüeñas de éxito, no está garantizado como derecho subjetivo. Los dispositivos públicos de promoción de la autonomía personal a través de la atención temprana y el desarrollo infantil son precarios, discontinuos y claramente insuficientes, lo que incide de modo muy negativo en la infancia con discapacidad.
• Respecto del acceso al derecho fundamental a una educación inclusiva y de calidad, con los apoyos individualizados debidos, España está aún muy lejos de satisfacer los requerimientos internacionales de derechos humanos comprometidos como Estado. El alumnado con discapacidad es todavía un grupo sometido a graves carencias en cuanto a su inclusión educativa, que urge reparar. Para ello se requiere de una reforma del sistema de enseñanza a fin de establecer y poner en práctica un modelo educativo inclusivo que no castigue por motivos de discapacidad.
• La permanencia de prácticas aberrantes como la esterilización forzosa, que tienen mayor impacto en mujeres adolescentes con discapacidad, es otro elemento que ataca de frente los derechos humanos de la infancia y juventud con discapacidad. Es inaplazable desterrar del ordenamiento jurídico español cualquier vestigio favorable o permisivo con la esterilización forzosa, garantizando a las personas con discapacidad sus derechos sexuales y reproductivos, sin merma ni restricciones.
• Otro dominio en el que en España no están suficientemente protegidos los derechos de las niñas y los niños con discapacidad es el relativo a su inclusión en al comunidad, y en la posibilidad real y efectiva de llevar o prepararse para disfrutar de autonomía personal y desarrollar una vida independiente y participativa. Los modelos de institucionalización forzosa a los que se ven sometidos parte de las niñas y niños con discapacidad, sin recursos alternativos más inclusivos, suponen una mala práctica política y social que hay que borrar de nuestra vida comunitaria.
• Por otro lado, el marco protector de Naciones Unidas reclama que se garantice que las niñas y niños con discapacidad cuenten con una asistencia sanitaria universal y de calidad, que incluya programas de detección, prevención e intervención tempranas, así como que la asistencia llegue también a todas las familias, especialmente aquellas con menos recursos económicos o más expuestas a la exclusión.
• La pobreza infantil, la pobreza que incide de modo más agudo en la infancia perteneciente a familias pobres, es un hecho que la crisis económica de la última década no ha hecho sino expandir. Los niños y niñas con discapacidad, cuya atenciones y acompañamiento requieren de mayores gastos familiares, son víctimas primordiales de la pobreza familiar, que solo podrá combatirse con dispositivos de protección social como los ingresos mínimos que doten de auténtica capacidad de renta a las familias de personas con discapacidad.
• Por otro lado, las tasas de violencia, acoso escolar y discriminación se ven incrementadas especialmente en niñas y niños con discapacidad, por eso se deben articular mecanismos, legales y administrativos, garantistas que protejan su integridad y preserven su indemnidad.
• España carece de política de apoyo a las familias, en su diversidad y rica tipología. Esto lo acusan particularmente la familias en las que viven niños y niñas con discapacidad. Estado que se agravó durante la aún no remontada crisis económica con consecuencias que siguen sin revertirse. Resulta imprescindible desarrollar políticas de especial apoyo a las familias en las que vivan niños y niñas con discapacidad, de manera que puedan alcanzar su pleno desarrollo en ellas como seres autónomos y participativos.
• La sociedad española está muy lejos de que sea efectivo el derecho que tienen reconocido los niños y las niñas con discapacidad a poder tomar parte activa en los diferentes procesos de toma de decisiones que se producen en todos los asuntos que les afectan. Hay que eliminar las barreras existentes, los entornos excluyentes, establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercitar en todos los ámbitos, de acuerdo con su edad y su situación, su derecho a participar siempre en la toma de decisiones que les conciernen.

Desde el movimiento social CERMI, reivindicamos no solo el valor como marco prescriptor y de exigencia, sino el cumplimiento íntegro de estos dos tratados internacionales, que son normas jurídicas imperativas del máximo nivel de nuestro ordenamiento jurídico interno, para que las niñas y niños con discapacidad estén en condiciones de disfrutar plenamente de sus derechos humanos.