El dictamen de la ponencia de la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad el pasado martes en la Comisión de Justicia, en la que se ha negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que se está tramitando en estos momentos en el Senado.

El Senado ha revisado el texto que le remitió el Congreso y, tras su debate y aprobación en Pleno prevista para este miércoles, volverá a la Cámara Baja para su ratificación.

En Congreso incluyó la necesidad de que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional.

A falta de recibir luz verde del Pleno, el Senado ha aprobado que se incorpore el indicador de discapacidad en estadísticas de víctimas violencia de género y que se garantice la accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que sean «comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción».

El PP del Senado añadió en una de sus enmiendas la necesidad de que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tengan en cuenta la variable de discapacidad en los datos sobre víctimas de violencia de género, una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM). Así, en el texto aprobado se recoge que se deberá «facilitar que la información estadística pueda ser desagregada tomando en consideración el indicador de discapacidad de tal forma que sea posible la explotación de datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad».

Asimismo, se señala que «se establecerá un registro estadístico de menores de edad víctimas de violencia de género, que incluya, además, el indicador de discapacidad». Además, añade a uno de los artículos de la ley que las dependencias judiciales «deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción».

La senadora ‘popular’ y exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha defendido las «mejoras» introducidas por el Senado que «enriquecen el texto» y tienen el cuenta «las necesidades especiales de las mujeres con discapacidad», al tiempo que «mejora una situación de discapacidad múltiple» de estas mujeres.

Fueron incorporadas todas las enmiendas presentadas por el PP –que tiene mayoría absoluta en el Senado– relativas a la discapacidad, y también una transaccional con el PSOE y Unidos Podemos.

El texto aprobado en la Comisión de Justicia contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, aunque Unidos Podemos destacó que esta reforma de la ley es «insuficiente». El senador Joan Comorera reclamó más juzgados especializados, rechazando «más jueces que pregunten a una víctima si ha abierto bien las piernas».

«Los tiempos cambian y toca que la Justicia se adapte», ha subrayado, recordando que de «345 juzgados de lo penal, solamente 26 están especializados». «Nos dejamos muchas cuestiones por el camino», añadió pidiendo más «contundencia» para afianzar el compromiso en el cumplimiento del Pacto de Estado.

La parlamentaria del PNV María Dolores Etxano pidió «seguir dando pasos» para lograr la igualdad y para la eliminación de esta violencia. A su juicio, en la reforma «se podía haber ido más lejos», aunque sea «un avance» la aportación del Senado al texto.

«La violencia contra las mujeres constituye una autentica epidemia que está verdaderamente causando muchas víctimas y un malestar muy profundo», dijo el senador por ERC Miquel Àngel Estradé.