El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Gobierno de España, a que apruebe en el plazo marcado por la Unión Europea, el real decreto de accesibilidad a páginas de internet y dispositivos móviles del sector público, para no incurrir en sanciones de la Comisión Europea por incumplimiento de Directivas.

Según esta nueva normativa, derivada de la transposición de una Directiva de la Unión Europea del año 201, que debe trasladarse al Derecho español antes del 23 de septiembre de 2018, las aplicaciones para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.) de todo el sector público deberán ser accesibles para personas con discapacidad.

A partir de que esta regulación entre en vigor, se extiende la obligación de accesibilidad a las aplicaciones móviles de todos los órganos constitucionales, administraciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público. Hasta el momento, el deber legal de accesibilidad en España se limitaba a los sitios web públicos, con lo que ahora se amplía a las aplicaciones móviles, canales digitales que han proliferado y de uso generalizado en los últimos años.

A tenor de la nueva regulación,los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de las entidades obligadas “deberán ser accesibles para sus usuarios y, en particular, para las personas mayores y personas con discapacidad, de modo que sus contenidos sean perceptibles, operables, comprensibles y robustos”.

Además “la accesibilidad se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles”.

El pasado día 26 de julio, el Consejo de Estado emitió dictamen preceptivo sobre el proyecto de real decreto, por lo que ya se ha culminado toda la tramitación que corresponde a una norma reglamentaria, por lo que solo queda su aprobación por el Consejo de Ministros.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado en la redacción de la futura norma a través de un diálogo intenso, con propuestas y aportaciones, desarrollado con la secretaría de Estado de Función Pública del ministerio de Hacienda y Función Pública, que está siendo la instancia promotora de este real decreto.

La necesidad de que los entornos digitales sean accesibles deriva de mandatos internacionales, como la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, como también nacionales, como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.