- Como parte del proyecto ‘El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Componente sobre discapacidad, género y violencia’
- El objetivo del programa es mejorar la capacidad de la administración uruguaya en aspectos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad
La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ofrecerá asistencia técnica al gobierno de Uruguay en el marco del proyecto ‘El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Componente sobre discapacidad, género y violencia’, para mejorar la capacidad de la administración uruguaya en relación a los derechos de las personas con discapacidad.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Coordinadora Residente de ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) y la Organización Panamericana de la Salud, como parte de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Uruguay, y que cuenta con el apoyo de la Asociación por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (UNPRPD por sus siglas en inglés).
El objetivo fundamental del programa es mejorar la capacidad de la administración uruguaya en tres áreas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.
En concreto, se pretende conseguir el acceso universal a los servicios de salud, en particular aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como el abordaje del tema de la violencia de género hacía las mujeres con discapacidad desde una perspectiva interseccional.
Además, a través de este programa, se fomentará la producción de conocimientos basados en la información disponible en los registros administrativos y fuentes oficiales acerca de la situación de las mujeres y niñas con discapacidad.
Durante la primera fase del programa, la FCM se encargará de impartir dos talleres sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, que tendrán lugar los días 9 y 10 de mayo en la ciudad de Montevideo, y que estarán dirigidos al diseño y ejecución de políticas públicas y a los sectores activistas en el movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad en el país latinoamericano.
Este proyecto, que tendrá una duración total de dos años, se ha impulsado como respuesta a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).