- Representantes del Gobierno y del Tercer Sector reafirman su compromiso con políticas públicas accesibles e inclusivas para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad.
- El movimiento de la discapacidad exige datos desagregados por discapacidad como base imprescindible para diseñar políticas eficaces.
La Fundación CERMI Mujeres ha inaugurado esta mañana en Madrid su Conferencia Internacional sobre cómo combatir la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad: un espacio de intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas que sitúa en el centro la experiencia y la voz de las propias mujeres. La inauguración del encuentro ha contado, además, con una amplia representación de instituciones estatales de representación pública y del Tercer Sector, que han expresado su compromiso firme con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas con discapacidad
La #ConferenciaInternacionalFCM, que coincide con el Día Mundial del Síndrome de Down, ha sido inaugurada por Blanca San Segundo Madoz, representante de Down España y patrona de la Fundación CERMI Mujeres, que reclamaba “el respeto a la dignidad inherente de las personas con Síndrome de Down, nuestro derecho a la autonomía y la libertad de tomar nuestras propias decisiones», ha manifestado con firmeza. “Deseo que las niñas y mujeres con Síndrome de Down vivan una vida libre de violencia y abuso”, ha declarado.
Así, la presidenta de la Fundación CERMI Concha Díaz Robledo, presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, ha subrayado el papel de la entidad en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, así como de sus cuidadoras, a lo largo de sus más de diez años de trayectoria. «Nos queda mucho por hacer, pero también mucho camino andado. Hemos contribuido a reformas clave, como la del artículo 49 de la Constitución o la tipificación penal de la esterilización forzada», ha recordado.
Durante la sesión inaugural, Margarita Guerrero Calderón, directora general del Instituto de la Juventud (INJUVE), ha abogado por «generar espacios seguros de participación para las jóvenes con discapacidad» y por visibilizar referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones. «Las mujeres y niñas con discapacidad sufren más violencia que aquellas que no la tienen. Esto debe ser reconocido y abordado desde las instituciones», ha remarcado.
Por su parte, Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, ha insistido en la necesidad de aplicar una perspectiva interseccional en todas las políticas públicas. «Las desigualdades no operan de manera aislada, sino que se superponen y multiplican. Por eso necesitamos respuestas integrales, que no dejen a nadie fuera», ha afirmado.
Cerrando la apertura, María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha enfatizado la gravedad de los datos: «El 20,7 % de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia física o sexual por parte de alguna pareja. El 12 % lo ha hecho en razón directa de su discapacidad». Ha anunciado también que el Gobierno está ultimando un Plan específico para mujeres y niñas con discapacidad desde la Dirección General de Discapacidad, y ha reafirmado el compromiso del Ministerio con las conclusiones que se extraigan de esta Conferencia.
Falta de datos, invisibilidad y urgencia de acción
Ana Peláez Narváez, vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres y del Comité de la CEDAW (ONU), ha comenzado su intervención con una llamada de atención: «Lo primero que tenemos que decir es que no sabemos nada. Hay más de dos millones y medio de mujeres con discapacidad en España, pero no tenemos datos sobre la violencia que sufrimos». Denunció así, la carencia de datos oficiales sobre la violencia que sufren las mujeres con discapacidad y reclamó una macroencuesta estatal accesible para poder diseñar políticas públicas eficaces.
Peláez propuso cinco grandes ejes de acción: prevención, protección, detección, justicia y reparación. También subrayó la necesidad de auditorías de accesibilidad, formación especializada para el personal judicial y mecanismos de protección que no dependan exclusivamente de la denuncia. «Las mujeres y niñas con discapacidad también somos eso: mujeres y niñas», concluyó.
La prevención y la protección como ejes centrales del debate y la falta de datos
La jornada ha continuado con la mesa sobre prevención y protección de las mujeres y niñas con discapacidad frente a la violencia, dentro y fuera del hogar, moderada En ella han participado representantes del movimiento social de la discapacidad, de las institucionales, juristas y activistas de derechos humanos como Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, quien ha reafirmado que el Gobierno de España “se ha tomado en serio lo que es vuestro por derecho propio” y ha llamado a visibilizar y erradicar la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Ha subrayado que “la agenda feminista debe ser inclusiva” y ha anunciado nuevas medidas y recursos para avanzar hacia una ciudadanía plena.
Por su parte, Jorge Cardona, exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ha denunciado la invisibilidad de la violencia específica que sufren las niñas con discapacidad, particularmente en contextos institucionales, y ha advertido sobre la gravedad de los estereotipos, mitos y prácticas nocivas que perpetúan esta violencia.
Cristina Amich Elías (letrada del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial), ha destacado la necesidad urgente de incorporar el indicador de discapacidad en los registros judiciales de violencia de género y violencia sexual. Ha explicado que el Observatorio trabaja en el análisis estadístico y cualitativo de sentencias para avanzar en este ámbito, pero ha advertido que, sin recursos ni tecnologías adecuadas, “pedir más datos puede generar resistencia y frustración”. Amich también ha recogido el reto de reforzar la formación específica a jueces y juezas en intersección de género y discapacidad.
El movimiento social de la discapacidad ha reclamado con contundencia la urgencia de disponer de datos desagregados por discapacidad en todas las estadísticas oficiales de violencia de género. Sin esta información, aseguran, es imposible diseñar políticas públicas adecuadas que respondan a la realidad específica de las mujeres y niñas con discapacidad.
En esta línea, las instituciones presentes han asumido públicamente el compromiso de seguir trabajando por una respuesta más inclusiva, eficaz y con enfoque interseccional frente a la violencia. Una respuesta que reconozca el protagonismo de las propias mujeres con discapacidad en todos los espacios de decisión y vigilancia de las políticas públicas.
La jornada #ConferenciaInternacionalFCM continua en directo a través del canal de la Fundación CERMI Mujeres