El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) aplaude la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Sumar del Congreso dirigida a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación que de prosperar paliaría los efectos negativos de esta regulación en la entidades sociales que contratan con las administraciones públicas.

La iniciativa de Sumar busca que los contratistas de las Administradoras -entre los que se encuentran muchas entidades sociales- puedan revisar los precios establecidos en licitaciones de los servicios cuando se produzcan incrementos salariales derivados de disposiciones normativas obligatorias (como los reales decretos de salario mínimo interprofesional) o de los convenios colectivos aplicables.

Con la normativa vigente en materia de contratos del sector público y de desindexación, no es posible alterar los precios iniciales establecidos en las condiciones de la licitación adjudicada, lo que provoca graves perjuicios para el contratista que ha de asumir sin compensación los aumentos salariales a que viene obligado.

En el caso de las entidades sociales estas restricciones par revisar las condiciones económicas de los contratos por decisiones salariales sobrevenidas respecto de las que el adjudicatario no tiene ningún control lleva a situaciones de gran desequilibrio financiero, comprometiendo la continuidad no solo de la prestación del servicio sino de la propia organización social.

Aunque la iniciativa de Sumar se limita solo a los costes salariales, y no comprende aspectos como suministros energéticos y similares, es un avance relevante en relación con el marco normativo actual, por lo que el CERMI pide a todos los grupos de la Cámara que la apoyen.