Entrevista a Antonio-Luis Martínez-Pujalte, coordinador del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, Comisionado de Congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad y Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Ciudad Real acogerá los días 21, 22 y 23 de mayo de 2025 el V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, que en esta edición centrará su atención monográficamente en las múltiples relaciones entre salud mental y Derecho. Para conocer de primera mano todos los detalles de este foro científico, cermi.es diario conversa con Antonio-Luis Martínez-Pujalte, coordinador del Congreso y reciente premio cermi.es 2024 en la categoría de Investigación Social y Científica, quien expone el propósito y contenidos de esta cita académica y cívica. Promovido por el CERMI y la Fundación Derecho y Discapacidad, con el apoyo de la Universidad de Castilla-La Mancha y la entidad social Laborvalía, este Congreso, como los precedentes, busca fomentar el conocimiento, la reflexión y el debate en torno al Derecho de la Discapacidad, consolidando esta disciplina y promoviendo avances normativos y sociales que garanticen una protección más eficaz de los derechos de las personas con discapacidad.
Este V Congreso Nacional y II Internacional -tienen carácter bienal- girará monográficamente en las múltiples relaciones entre salud mental y Derecho, bajo el título “La salud mental como cuestión de derechos humanos”. Esta decisión responde a la importancia y urgencia de abordar todas las dimensiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, una de las áreas que plantea mayores desafíos desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos en la esfera de la discapacidad.
Hasta el momento, se han celebrado cuatro ediciones de este Congreso en distintas ciudades: Elche, Pamplona, Granada y Barcelona. Esta quinta edición, que alberga Ciudad Real, se presenta como un espacio clave para la reflexión y el debate. ¿Qué objetivo persigue este Congreso en su nueva convocatoria?
El origen de estos congresos se remonta al año 2016, cuando en la Fundación Derecho y Discapacidad decidimos dar un paso adelante para consolidar el Derecho de la Discapacidad como una disciplina jurídica autónoma. Había habido un precedente en 2014, un congreso en Granada sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y vimos que era necesario crear un espacio sistemático de reflexión y debate. Así nació esta iniciativa.
En aquel entonces, el Derecho de la Discapacidad era una disciplina incipiente, y nuestro objetivo era claro: contribuir a su consolidación. Desde el principio, pensamos que el Congreso debía ser itinerante, moviéndose por diferentes ciudades, y así lo hemos hecho. Efectivamente empezamos en Elche, luego Pamplona, Granada, Barcelona y ahora llegamos a Ciudad Real, gracias también al interés y la colaboración de entidades locales como Laborvalía.
El propósito de estos congresos siempre ha sido fomentar el conocimiento, la reflexión y el debate en torno al Derecho de la Discapacidad. Queremos que este espacio sirva para:
- Consolidar el Derecho de la Discapacidad como disciplina académica y profesional, transversal a muchas áreas.
- Impulsar avances normativos reales, como ya hemos hecho en temas como el derecho al voto, la capacidad jurídica o la reforma constitucional.
- Sensibilizar tanto a la sociedad como a los juristas sobre la importancia de proteger los derechos de las personas con discapacidad.
- Proponer soluciones concretas a problemas específicos. En esta edición, por ejemplo, nos centramos en la salud mental y cómo el Derecho puede abordar problemáticas como el internamiento forzoso.
En definitiva, lo que buscamos con cada Congreso es avanzar, proponer mejoras y asegurar que los derechos de las personas con discapacidad estén en el centro del debate jurídico y social. Estos eventos son mucho más que una reflexión teórica; son una herramienta para cambiar las cosas, para avanzar en el cumplimiento de la Convención y para derribar las barreras que todavía separan a las personas con discapacidad de una plena inclusión en la sociedad.
¿Cuáles han sido los principales avances en el Derecho de la Discapacidad desde que comenzaron los congresos, y qué retos quedan por abordar?
El avance que hemos visto en estos años ha sido realmente significativo. Desde que comenzamos con los Congresos en 2017, se han producido desarrollos normativos muy importantes en España que han transformado el panorama del derecho de la discapacidad.
Uno de los hitos más destacados ha sido la reforma de la ley electoral, que garantiza que todas las personas con discapacidad tengan derecho al voto, algo que en el primer congreso ni siquiera estaba en el horizonte. También es fundamental la Ley 8/2021, que reformó el régimen de la capacidad jurídica, reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a recibir los apoyos necesarios sin que ello implique una restricción de su capacidad. Por supuesto, no puedo dejar de mencionar la reforma del artículo 49 de la Constitución, que supone un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad a nivel constitucional.
Estos desarrollos no han ocurrido de manera aislada. Los Congresos han contribuido a impulsar estas reformas, ya que han sido espacios donde hemos debatido, reflexionado y reivindicado su necesidad. Por ejemplo, en algunos Congresos tratamos específicamente la reforma de la ley electoral o la capacidad jurídica, y esto ayudó a crear un marco de consenso y visibilidad sobre estos temas.
A pesar de estos logros, todavía quedan asignaturas pendientes. Por ejemplo, seguimos enfrentando retos como la derogación del internamiento forzoso por razones de salud mental, que sigue siendo una de las grandes contradicciones con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, hay aspectos donde, aunque ya existen normas, el problema radica en su aplicación. La jurisprudencia sobre la capacidad jurídica, por ejemplo, aún tiene mucho margen de mejora.
En resumen, creo que hemos avanzado enormemente en estos años, pero también soy consciente de que queda mucho por hacer para asegurar una protección integral y efectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Estos congresos seguirán siendo una herramienta clave para mantener el impulso y seguir progresando.
El tema principal de esta edición será la relación entre salud mental y Derecho, bajo el lema “La salud mental como cuestión de derechos humanos”. ¿Cómo se va a abordar?
Nos enfocaremos en analizar y debatir cómo el Derecho puede abordar los desafíos específicos que enfrentan las personas con discapacidad psicosocial, especialmente en relación con la protección de sus derechos humanos.
Queremos poner sobre la mesa cuestiones clave, como la necesidad de derogar el internamiento forzoso por razones de salud mental, que actualmente está permitido por la Ley de Enjuiciamiento Civil y que constituye una flagrante contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También exploraremos si es necesario desarrollar una legislación específica para este ámbito, así como revisar cómo se están aplicando las normativas existentes, como la relativa a la capacidad jurídica.
En definitiva, este congreso busca ser un espacio monográfico y profundo sobre salud mental, porque entendemos que es una de las áreas donde más desafíos persisten desde el punto de vista de los derechos humanos.
¿Qué objetivos desde el enfoque del Derecho de la Discapacidad se quieren alcanzar a favor de las personas con problemas de salud mental?
Desde el prisma del Derecho de la Discapacidad, en esta edición del Congreso buscamos alcanzar varios objetivos fundamentales:
- Derogar el internamiento forzoso por razones de salud mental: Este es uno de los principales retos desde el punto de vista normativo, ya que actualmente está permitido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Queremos avanzar hacia un marco legal que garantice la libertad personal y respete plenamente los derechos humanos.
- 2. Explorar la necesidad de una legislación específica sobre salud mental: En el congreso se debatirá si es necesario crear una norma específica que proteja los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, abordando los retos y oportunidades que esta legislación podría plantear.
- Revisar la aplicación de las normativas existentes: Aunque ya contamos con importantes avances normativos, como la reforma del régimen de capacidad jurídica, es esencial analizar cómo se están implementando en la práctica. En algunos casos, la aplicación judicial sigue siendo deficiente, como ocurre con la generalización de figuras como la curatela representativa, que debería ser una medida residual.
- Promover alternativas al internamiento forzoso: Desde el Derecho de la Discapacidad, queremos mostrar que existen formas de apoyo y tratamiento basadas en la comunidad, que son más respetuosas con los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
- Consolidar el Derecho de la Discapacidad como disciplina transversal: Es clave que los profesionales del Derecho, independientemente de su área de especialización, comprendan y apliquen las herramientas jurídicas necesarias para proteger los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
- Sensibilizar y derribar prejuicios:Uno de los mayores obstáculos no es solo jurídico, sino psicológico. Queremos contribuir a eliminar el estigma y los prejuicios asociados a la discapacidad psicosocial, promoviendo una cultura de respeto y derechos.
Las reformas buscan garantizar los derechos humanos y ofrecer alternativas que sean más respetuosas con su autonomía y dignidad
¿Cómo puede entender la sociedad y sus diferentes actores, una acción así como necesaria y positiva desde el enfoque de los derechos humanos?
Soy consciente de que una cosa es el Derecho y otra los hechos, y también de que las modificaciones legislativas pueden generar preocupaciones, especialmente entre las personas y familias del colectivo de la discapacidad. He tenido la oportunidad de explicar en conferencias y encuentros hacia dónde se dirigen estas reformas, y a menudo las familias expresan su inquietud, temiendo que sus familiares con discapacidad puedan quedar desprotegidos.
Por eso es fundamental hacer mucha pedagogía. Hay que mostrar que estas reformas no implican dejar desprotegidas a las personas, sino todo lo contrario: buscan garantizar sus derechos humanos y ofrecer alternativas que sean más respetuosas con su autonomía y dignidad. Por ejemplo, cuando hablamos de eliminar el internamiento forzoso, no significa abandonar a las personas con discapacidad psicosocial, sino promover alternativas basadas en el apoyo comunitario, tratamientos adecuados y recursos que refuercen su bienestar sin vulnerar sus derechos.
Es un cambio de paradigma que puede ser difícil de entender al principio, pero que con educación, comunicación y, sobre todo, demostrando que estas alternativas funcionan en la práctica, podemos lograr que tanto las personas como sus familias comprendan que estas reformas son un paso adelante en la protección y el respeto hacia el colectivo.
Más de 200 especialistas españoles y europeos sedarán cita. ¿Cómo describiría el perfil de los ponentes que participarán en este congreso?
Los ponentes de este Congreso abarcan un amplio abanico de perfiles que aseguran una visión completa y rigurosa sobre los temas a tratar. Contamos con juristas especializados en derecho de la discapacidad, como el profesor Rafael de Asís Roig, referente en Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, quien es uno de los máximos expertos en esta materia en España. También estarán presentes figuras internacionales, como una representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que aporta una dimensión global al congreso. Además, participan activistas en primera persona y miembros de organizaciones especializadas en salud mental, como la Confederación Salud Mental España, que presentará su Informe sobre derechos humanos y salud mental de 2024. Es un grupo diverso que combina experiencia académica, perspectiva internacional y vivencias personales, lo que enriquece enormemente el debate y asegura que se aborden los temas desde diferentes enfoques.
Se puede decir no al internamiento forzoso ofreciendo al mismo tiempo medidas de apoyo basadas en la comunidad, que garanticen la protección y el bienestar de las personas con discapacidad psicosocial sin vulnerar sus derechos humanos
Además de su labor como Coordinador del congreso, también impartirá una ponencia. ¿Podría contarnos sobre qué tratará?
Efectivamente, desarrollo varias facetas. Como Comisionado de Congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad, llevo años trabajando en la organización de estos eventos, diseñando los programas en colaboración con los patronos de la Fundación, como su presidente, Luis Cayo Pérez, y su secretario general, Rafael de Lorenzo. Mi objetivo principal siempre ha sido garantizar que estos Congresos tengan una alta calidad científica y que sean útiles para promover avances concretos en el derecho de la discapacidad. Este es el quinto congreso que coordino, y mi misión es seguir haciendo de estos encuentros una herramienta para mejorar el marco normativo y social en favor de las personas con discapacidad.
En cuanto a mi participación como ponente, se me ha encomendado una ponencia titulada «Afecciones al derecho a la libertad personal por causa de salud mental», en la que abordaré un tema crucial: el internamiento forzoso por razones de salud mental. Esta práctica, permitida por la Ley de Enjuiciamiento Civil, es uno de los mayores incumplimientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que contradice el derecho fundamental a la libertad personal. Mi ponencia no solo se centrará en criticar esta realidad, sino también en proponer alternativas. Es esencial demostrar que se puede decir no al internamiento forzoso ofreciendo al mismo tiempo medidas de apoyo basadas en la comunidad, que garanticen la protección y el bienestar de las personas con discapacidad psicosocial sin vulnerar sus derechos humanos.
Creo que mi papel no solo es analizar críticamente la normativa actual, sino también generar propuestas viables que contribuyan a transformar el panorama legal y social, siempre desde el respeto y la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este congreso, como cada edición anterior, será un espacio para avanzar en esa dirección.
Para concluir, ¿para qué publico va dirigido y especialmente para quiénes sería una cita imperdible este congreso?
Creo que este Congreso es fundamental para dos grandes públicos. Por un lado, para los juristas y profesionales del Derecho, porque la discapacidad es una cuestión transversal que toca muchas áreas legales, como el Derecho Civil, Penal, Laboral o Administrativo, y todos ellos pueden encontrarse en algún momento con situaciones relacionadas con este ámbito. Este Congreso les permitirá conocer las herramientas jurídicas disponibles, reflexionar sobre los avances normativos recientes y los retos que aún quedan por abordar, especialmente en el ámbito de la salud mental. Por otro lado, también está dirigido al movimiento asociativo de la discapacidad, porque es importante que estas personas, aunque no tengan formación jurídica, conozcan los recursos legales que tienen a su disposición y comprendan los campos en los que el derecho debe mejorar para proteger mejor los derechos de las personas con discapacidad.
Las inscripciones ya están abiertas, todas las personas interesadas, desde juristas hasta miembros del movimiento asociativo, ya pueden hacerlo a través de la web oficial: https://quintocongreso.fderechoydiscapacidad.es/inscripciones/.