Titulada ‘Encuentro en la interseccionalidad. Discapacidad y refugio’, la jornada sirvió para analizar las principales necesidades de las personas con discapacidad refugiadas en España, segundo país de la Unión Europea que más solicitudes de asilo recibe en la actualidad.

El encuentro contó en su inauguración con la participación de Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones; Grainne O’Hara, representante en España de la Agencia de la ONU para los Refugiados; Pilar Villarino, secretaria del Patronato de la Fundación Cermi Mujeres, y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.

En su intervención, Cancela destacó “la invisibilidad” que sufren las personas refugiadas con discapacidad, un hecho que, según dijo, “hay que superar”, porque “hay salidas” para ellas y la obligación de las instituciones públicas, con la colaboración de la sociedad civil, es defenderlas e impulsarlas.

Eso sí, apuntó la secretaria de Estado, para visibilizar a las personas refugiadas con discapacidad, conocer sus particularidades y necesidades, “hay que abandonar el enfoque paternalista” y sustituirlo por uno más social, que no niega el aspecto individual de la discapacidad, sino que lo enmarca en un contexto y aprovecha su potencial.

En línea con las declaraciones de Cancela, O’Hara incidió en la necesidad de contar con cifras de personas refugiadas con discapacidad en España para poder ayudarlas convenientemente. “Si no conocemos estos datos, estaremos fallando en nuestras obligaciones hacia los refugiados con discapacidad”, aseguró.

En este sentido, recordó que actualmente hay más de 122 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo y que de ellas, se calcula que al menos 19 millones viven con discapacidad. Por este motivo, incidió en que es necesario conocer las cifras y los detalles de las necesidades de las personas refugiadas con discapacidad, para entender los retos que afrontan e incorporarlos a la respuesta de protección. En este esfuerzo para garantizar su plena inclusión, agregó, es fundamental contar con la participación de las personas refugiadas con discapacidad, y con las entidades especializadas que las ayudan.

Por su parte, Villarino recordó que “las personas con discapacidad refugiadas son personas, tienen derechos y hay que luchar para que estos derechos se reconozcan y se reclamen”. Al respecto, manifestó que las primeras obligadas en atender esta situación son las entidades de la sociedad civil, “para alzar la voz en nombre de las personas con discapacidad refugiadas y conseguir empoderarlas y visibilizarlas cada vez más”.

En este sentido, recordó que, desde el CERMI, a través de una estrategia consolidada, se siguen impulsando alianzas, como la representada en la firma del convenio entre Fundación ONCE, ACNUR y CERMI Mujeres.

Finalmente, Martínez Donoso destacó la importancia de jornadas como esta para sensibilizar y dar visibilidad a la realidad que viven las personas refugiadas que además tienen una discapacidad y que merecen toda la atención de administraciones públicas y sociedad civil. “Dar visibilidad a esta realidad”, aseguró, facilitará que se promuevan cambios positivos y que se implementen políticas inclusivas”. Para ello, advirtió, se necesita un trabajo conjunto que implique a distintas organizaciones, administraciones públicas y agencias internacionales.

DATOS Y ESTUDIOS

Los participantes en la jornada señalaron que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 16% de la población mundial tiene una discapacidad, si bien aclararon que en situaciones de desplazamiento forzado, la incidencia de la discapacidad es aún mayor debido al aumento del número de personas con lesiones, la falta de acceso a servicios médicos de calidad y la creación de nuevas barreras en el medio ambiente.

Acnur, Cermi, Fundación Cermi Mujeres y Fundación ONCE insistieron en la necesidad de contar con estadísticas actualizadas en materia de discapacidad y refugio para poder planificar la asistencia, acogida y recursos para atender adecuadamente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacidad.

Las cuatro entidades incidieron en la importancia de desarrollar mecanismos de identificación, diagnóstico y evaluación de la discapacidad para garantizar los recursos y apoyos especializados que las personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacitad puedan requerir a lo largo del procedimiento y para garantizar su inclusión exitosa en España.

Esta apreciación la recogía ya en 2022 el estudio del Observatorio Estatal de la Discapacidad ‘Las personas con discapacidad en situación de protección internacional en España: situación, desafíos y propuestas’.

En línea con el citado estudio, los intervinientes en el encuentro de trabajo enfatizaron también la importancia de asegurar la formación continua en temas de discapacidad a instructores de la Oficina de asilo y refugio y a los equipos multidisciplinares de las ONG que gestionan el sistema de acogida.

Igualmente, aludieron a la importancia de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades competentes en la materia y con las administraciones a nivel autonómico y local, así como de promover una mayor colaboración con las entidades de la discapacidad.

La jornada continuó con una mesa redonda donde se puso de manifiesto la perspectiva de las administraciones de la mano de Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad; Amapola Blasco, directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y Octavio Rivera, director general de Protección Internacional.

Estos y el resto de los aspectos abordados en el encuentro se debatieron en grupos de trabajo temáticos sobre el procedimiento de asilo, el certificado de discapacidad, la acogida y la inclusión, la participación de las personas refugiadas con discapacidad y la situación de las mujeres y niños.