Una comisión de expertos formada por representantes del Ministerio de Derechos Sociales, el Ministerio de Justicia, Interior, Fiscalía, Abogacía, Judicatura y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) tomará decisiones para una mejor regulación de la figura del facilitador judicial, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales. Según señalan las mismas fuentes, «la figura del facilitador judicial resulta clave para evitar la indefensión de las personas con dificultades de comprensión en procesos judiciales».

Además, añaden que en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 están comprometidos con asegurar el acceso a la justicia en términos de igualdad y no discriminación, como mandata el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por ello, según destacan, además de esta comisión de expertos, desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva pusieron en marcha en 2023 la primera formación oficial junto con la Universidad de Educación a Distancia (UNED) para esta figura del facilitador judicial, lo que les permitirá tener una propuesta formativa para la misma.

Asimismo, recuerdan que también han definido esta figura en el Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público, una definición que, según explican, «es clave para entender y aplicar mejor esta figura».

Además, ponen de relieve que el Ministerio de Derechos Sociales financia programas a ONG para la atención de personas con discapacidad en centros penitenciarios.