• Así lo ha manifestado el Delegado de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Gregorio Saravia, en las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE)

• Las Jornadas “Protegiendo infancia, Defendiendo derechos”, se celebran en la ciudad de Cádiz los días 12 y 13 de septiembre de 2024

Cádiz, 13 de septiembre de 2024.

El Delegado de Derechos Humanos y para la Convención del ONU del CERMI Estatal, Gregorio Saravia Méndez, urgió a la eliminación de barreras para garantizar el acceso efectivo a la justicia de menores con discapacidad en igualdad de condiciones, “estableciendo las garantías del derecho a entender y ser entendidos, con la posibilidad de contar con un facilitador procesal, promoviendo un número suficiente de profesionales cualificados y generando herramientas que permitan a los facilitadores realizar su trabajo”.

Las Jornadas, inauguradas ayer 12 de septiembre, y que se prolongaron hasta el 13 de septiembre, han contado con una mesa redonda sobre el Marco legal de derechos de la infancia con discapacidad, la asistencia letrada a la infancia con discapacidad y el facilitador judicial del artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil.   ​

Durante su intervención, el representante del CERMI se refirió al artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que recoge el derecho a la realización de ajustes de procedimiento “que comprenden todas las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para cada caso particular, que pueden incluir la utilización de intermediarios o facilitadores”.

También se refirió a la necesidad de generar apoyos individualizados que “deben realizarse teniendo en cuenta la interacción entre el menor con discapacidad y el entorno concreto”.  Según Saravia, resulta imperiosa la eliminación de barreras para garantizar el acceso a la justicia de los menores con discapacidad y para ello “es clave contar con comunicaciones en lenguaje claro, sencillo y accesible”.

La mesa redonda sobre infancia con discapacidad ha estado moderada por Rocío García-Puertas Taboada, abogada del Ilustre Colegio de la Abogacía de Lugo y miembro de la Subcomisión de Menores del CGAE, y contó con la participación de Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, y de Nuria Auxiliadora Orellana Castro, magistrada de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Cádiz, quien pidió que se capacite en perspectiva de discapacidad a los distintos operadores jurídicos que intervienen en los procesos judiciales en los que participan niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Por último, el representante del CERMI se refirió a la importancia de cumplir con las obligaciones que dimanan del sistema internacional de protección de los derechos humanos, instrumentos jurídicos ratificados por España, como la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que establecen que el acceso a la justicia es un derecho fundamental mediante el que “las niñas y niños con discapacidad, puedan hacer valer sus derechos, empoderarse para ser actores activos en la defensa de sus propios intereses y obtener remedios efectivos cuando sus derechos resulten vulnerados”.