El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saludó este martes que el Consejo de Ministros haya aprobado el proyecto de ley que, tras su tramitación parlamentaria, supondrá la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar el despido automático que podían sufrir las personas que adquirían una discapacidad sobrevenida y terminaban en situación de incapacidad permanente laboral, lo que “es una discriminación histórica”.

“Hasta ahora, según el Estatuto de los Trabajadores, estas personas que adquirían o que pasaban a la situación de incapacidad permanente eran automáticamente excluidas de la relación laboral y pasaban a engrosar las cifras de personas inactivas, ya que no se preveía una situación de mantenimiento o reincorporación al trabajo”, según explicó a Servimedia el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, quien indicó que esto es contrario a la normativa europea en la materia y a los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La aprobación de este proyecto de ley llega tras una reciente sentencia europea que declaró contraria al derecho comunitario este apartado de la legislación laboral española y después de que a comienzos de este año se diera luz verde a la reforma del artículo 49 de la Constitución para reforzar la protección de los derechos de las personas condiscapacidad y sustituir el término ‘disminuidos’ del texto de la Carta Magna para hacer alusión a esta parte de la ciudadanía.

De este modo, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha recogido una vieja demanda del Cermi y, a continuación, dará comienzo la tramitación parlamentaria. En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España espera que los grupos parlamentarios apoyen esta propuesta de modificación normativa, pues “es una cuestión de legislación internacional, de Naciones Unidas y europea y que afecta a los derechos humanos de las personas con discapacidad, por lo que debe estar más allá del debate partidista”.

El Cermi confía en que haya un amplio respaldo parlamentario a esta iniciativa y trabajará con los grupos políticos para que puedan adherirse a la misma y que termine siendo aprobada, si no por unanimidad, sí por un respaldo muy relevante”, aseveró Pérez Bueno.

CAMBIO LEGAL

Con el texto aprobado este martes por el Gobierno, la posibilidad de extinguir el contrato, hasta ahora en manos de la empresa, se condiciona a la voluntad de la persona trabajadora, que podrá solicitar la adaptación del puesto de trabajo o el cambio a otro empleo vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.

El texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de la empresa.

La norma también se refiere a la posibilidad de que las personas trabajadoras requieran formación en prevención de riesgos laborales para su nueva situación.

Desde esa notificación del reconocimiento de la incapacidad permanente, el trabajador o trabajadora tendrá un mes para decidir si quiere seguir en su puesto. Será entonces cuando la empresa disponga de tres meses, como máximo para adaptarlo a las nuevas necesidades, para cambiar a otra posición o para extinguir el contrato en caso de que concurran los elementos necesarios que permitan acceder a este extremo.

Durante el periodo de espera, el trabajador percibirá el subsidio de Incapacidad Temporal lo que permitirá evitar vacíos de cobertura en la protección.