La presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez, ha pedido a la Unión Europea (UE) establecer una estrategia para fortalecer y asegurar una «correcta transposición» por los Estados miembros de la legislación europea sobre la violencia contra las mujeres y la violencia machista, al tiempo que ha lamentado que la directiva europea propuesta en la materia «no aborda todas las formas de violencia contra la mujer».

Este organismo lamenta que el texto final adoptado por el Parlamento y el Consejo no haya alcanzado todo su potencial pese a las contribuciones realizadas por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), en relación con la propuesta de Directiva relativa a la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Por este motivo, el Grupo ad hoc sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho ha propuesto un dictamen de iniciativa para examinar las deficiencias detectadas en dicha Directiva.

Durante una audición celebrada por el CESE, donde se ha abordado la violencia contra la mujer como cuestión de derechos humanos, Peláez –quien es también Vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y Secretaria General del Foro Europeo de la Discapacidad– ha puesto en valor los esfuerzos realizados por la UE y por sus Estados miembros para sacar adelante esta Directiva que busca luchar contra esta lacra social, «una grave asignatura pendiente de la Unión Europea».

En cualquier caso, a su juicio, «es necesario fortalecer el ámbito de su aplicación, robustecer su enfoque de derechos humanos y evitar ambigüedades, indefiniciones y arbitrariedades en la transposición nacional de dicha legislación, lo que se podría conseguir a través de una estrategia europea de lucha contra la violencia de género contra las mujeres, para fortalecer la prevención, protección de las víctimas y perseguir a sus autores».

«Sorprende constatar que, pese a las obligaciones que han contraído todos los países de la Unión Europea con respecto a importantes tratados internacionales de derechos humanos –como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros–, la Directiva no aborda todas las formas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, ni tampoco es contundente con las obligaciones que debieran asumir los Estados miembros en virtud de estos tratados internacionales y del propio Convenio de Estambul del Consejo de Europa», lamenta.

«GRAVES OMISIONES»

En este punto, enumera algunas de las «graves omisiones» de la Directiva como la ausencia de una definición de «violación», o de «consentimiento»; la despenalización del aborto por violación; el acoso sexual en el lugar de trabajo; la explotación de la prostitución, la gestación subrogada y la venta de niños, o los matrimonios forzados; la tipificación como delito de las esterilizaciones forzadas y de los abortos coercitivos, entre otras.

«La jurisprudencia del Comité CEDAW de Naciones Unidas, y muy particularmente, su recomendación general número 35 sobre la violencia de género contra las mujeres, y la recomendación general número 38 sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración global, así como el propio convenio de Estambul, deben servir de base para dicha estrategia», sentencia Peláez.

RESPETAR EL INTERÉS DEL MENOR EN EL RÉGIMEN DE VISITAS

En materia de violencia vicaria, especialmente contra los hijos y las hijas de las víctimas, Peláez también ha incidido en la necesidad de respetar el interés superior del menor en el régimen de visitas de sus progenitores cuando existan dudas razonables en cuanto a la posibilidad de garantizar el contacto seguro con el o la menor, lo que ha sido pasado por alto por la Directiva, como denuncia.

Además, lamenta que, pese a contar con un artículo específico, tampoco en materia de accesibilidad y de atención específica a las víctimas con discapacidad se han hecho grandes avances pues el texto final solamente contempla la accesibilidad de los servicios telefónicos de ayuda, así como lo relativo a la garantía de acceso a la información y a la comunicación.

«En una Europa que envejece día a día, la violencia contra las mujeres mayores, o la violencia en instituciones cerradas o segregadas, no han sido tenidos en cuenta», concluye Peláez.