- Seminario: La revisión de la regulación de la autonomía del paciente a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad
- Durante el segundo bloque del seminario, organizado junto a la Fundación Derecho y Discapacidad, se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar la Ley de Autonomía del Paciente para hacerla acorde y coherente con la legislación civil
Madrid, 28 de junio de 2024. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD) han abogado por hacer prevalecer el principio de autonomía del paciente sobre cualquier atisbo de paternalismo en la toma de decisiones relacionadas con la salud de las personas con discapacidad.
Así lo han puesto de manifiesto en el segundo bloque del seminario ‘La revisión de la regulación de la autonomía del paciente a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad´, organizado por el CERMI y FDyD que ha tenido lugar este viernes, 28 de junio en formato telemático.
Este bloque ha comenzado con la ponencia del catedrático acreditado de filosofía del derecho y patrono de la FDyD, Antonio-Luis Martínez Pujalte, que ha ofrecido algunas orientaciones para la reforma de la legislación sanitaria en materia de autonomía del paciente para acompasarla a la Convención.
En este sentido, ha planteado que hay que modificar la propia Ley de Autonomía del Paciente “porque no es acorde y coherente con la legislación civil”, ya que en uno de sus artículos “deja a criterio del médico responsable de la asistencia el juicio sobre si la persona es capaz de tomar decisiones”. “Solo cabe la representación en aquellos supuestos en los que la persona no sea capaz de expresar su voluntad y, en este caso, hay un criterio, que es que la decisión que se adopte por representación debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y sus valores”, ha dicho.
Además, ha insistido en la necesidad de que la información se le presente siempre al paciente, “con independencia de que para asegurar una debida comprensión sea trasladada también a otras personas vinculadas a él”, así como que esta se facilite siempre en formatos que estas puedan comprender.
El seminario también ha contado con un diálogo para conocer la posición de la sociedad civil, que ha moderado la profesora de derecho civil de la Universidad de Granada y Patrona de la FDyD, Esperanza Alcaín. En este diálogo han participado el secretario de finanzas de COCEMFE, Daniel-Aníbal García Diego; el director general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Pedro Carrascal; la asesora jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz Sánchez-Dopico; y la asesora jurídica de la Confederación Salud Mental, Irene Muñoz Escandell.
Los participantes han coincidido en señalar la importancia de que las personas con discapacidad, por su situación “de discriminación adicional”, cuenten con una mayor cobertura pública en materia de salud; así como de mejorar su participación en el sistema sanitario aumentando su capacidad de interlocución como pacientes y estableciendo los recursos, objetivos y sistemas de evaluación adecuados.
También han aludido a la necesidad de crear un sistema sanitario “amplio, flexible y que haga especial énfasis en la asistencia personas, en la salud mental y en los apoyos”, y que tenga en cuenta la accesibilidad, que “no está presente dentro de los procesos sanitarios”, lo que “vulnera el derecho a la información y al consentimiento informado”.
La última ponencia del día ha corrido a cargo del delegado del CERMI de Derechos Humanos y para la Convención, Gregorio Saravia, que se ha centrado en resaltar los pronunciamientos de Naciones Unidas en materia de igualdad capacidad jurídica de las personas con discapacidad y autonomía del paciente.
Saravia, ha insistido en que las leyes no deben discriminar directa o indirectamente a las personas con discapacidad en el reconocimiento y ejercicio de la capacidad jurídica, “que afecta al disfrute de otros muchos derechos, como el de la decisión de tratamientos médicos”.
Así pues, ha indicado que “la persona con discapacidad debe recibir la misma calidad en cuanto al nivel de atención sanitaria que las demás personas”. Esto implica, según el delegado del CERMI, respetar el consentimiento libre e informado, la toma de conciencia de lo que significan los Derechos Humanos, la dignidad de las personas con discapacidad y la formación en normas éticas, entre otros aspectos.
La clausura ha contado con la participación de la directora ejecutiva del CERMI y Patrona secretaria de la Fundación CERMI Mujeres, Pilar Villarino; y el vicepresidente del CERMI y presidente de Salud Mental España, Nel Anxelu González Zapico, quienes han reiterado la ineludibilidad de respetar las decisiones de las personas con discapacidad en su paso por el sistema sanitario.