El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno, a través del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que instrumente legalmente un mecanismo de reparación económica a las víctimas con discapacidad, fundamentalmente mujeres, de esterilizaciones forzosas.

Así lo ha demandado el CERMI en su documento de alegaciones al Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, que se encuentra en estos momentos en fase de consulta pública previa.

Recogiendo una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres, el CERMI traslada a Derechos Sociales que, una vez lograda la derogación de las esterilizaciones forzosas, es el momento de abordar ya la reparación económica, en cuantía suficiente al daño causado, a las víctimas que la sufrieron, y esta iniciativa legislativa en curso es el marco normativo adecuado para este propósito.

Para el Movimiento CERMI no basta con haber desterrado del Código Penal esta aberración jurídica, sino que es necesario culminar este proceso y que el Estado indemnice convenientemente a las víctimas, tras la confección del correspondiente censo de personas afectadas.

Otros estados, como Suecia, que también regularon y aplicaron las esterilizaciones forzosas a personas con discapacidad, han establecido medidas de reparación una vez esta práctica nociva fue eliminada de su ordenamiento jurídico.