Así lo precisó durante su intervención en el diálogo ‘Por una Europa para todas las edades. Propuestas de la sociedad civil para las Elecciones Europeas’, en el que también participaron el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Lázaro González; la catedrática de la Universidad Carlos III Rosa San Segundo; y la embajadora de Junior Female Leaders, Carmen Díaz, y que fue moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa.

En el transcurso de su alocución, Pérez aseveró que en España tenemos que “felicitarnos” porque ha “comenzado” la tramitación legislativa de lo que juzgó la “derogación de una discriminación” y porque “estamos más cerca de que se vea culminada”.

“Y es que alguien trabajando, que puede ser joven, de mediana edad o mayor, adquiere una discapacidad estando en activo laboralmente y la respuesta que daba nuestra ley de leyes laboral, el Estatuto de los Trabajadores, era: ‘si te has declarado incapaz para trabajar, te expulso, extingo tu relación laboral y ya te entenderás con la Seguridad Social si te da una pensión suficiente sustitutiva de lo que tú tenías como salario’”, ejemplificó, para insistir en que “eso es discriminatorio”.

Asimismo, recordó que la discapacidad puede ser “originaria, cuando naces con ella o la adquieres en el momento de los primeros estadios de la vida, o puede ser estando trabajando siendo una persona adulta o siendo una persona de edad avanzada”. “Y, si estás trabajando, lo que debe ofrecer el sistema es recolocarte, reubicarte y hacer ajustes para que, si es tu deseo, puedas seguir trabajando y no expulsarte al mundo supuesto de la pasividad, de recibir solo una pensión”, sentenció.

“Eso es lo que queremos corregir”, advirtió, al tiempo que recordó que se trata de “una demanda” del movimiento de la discapacidad que el Ejecutivo ha recogido “después” de la “primera reforma social” de la Constitución y de una “llamada de atención” del Tribunal de Justicia de la UE que, puntualizó, “dijo que España estaba infringiendo normativa europea” y que, a su juicio, “ha desencadenado que ese beneficio lo podamos ver dentro de unos meses”.

ARTÍCULO 49, ESTACIÓN DE PARTIDA

En este contexto, el presidente del Cermi defendió que la reforma del artículo 49 “no era una estación de llegada, era una estación de partida”. “Ha costado mucho, sangre, sudor y lágrimas conseguirlo y muy tardíamente, pero ya está ahí, es una realidad, es una proeza de país”, abundó, convencido de que “ahora tiene que desencadenar espirales de cambio” en los estatutos de autonomía, en las leyes del Estado y en las ordenanzas y regulaciones de los ayuntamientos.

“Es una especie de revulsivo, de gran sacudida para que las personas con discapacidad, a la vuelta de una o dos generaciones, podamos decir que la discapacidad no castiga tan severamente como está castigando ahora, sino que será un elemento más de diversidad que sepamos gestionar”, apostilló.

Preguntado por avances como la articulación de la tarjeta europea de discapacidad, Pérez reconoció que España “está siendo vanguardia” en que la “inclusión” de las personas con discapacidad, desde una “perspectiva de derechos” esté “en agenda y en posiciones cada vez más prominentes”.

“Y esto es porque hay un movimiento social que está ahí detrás alentándolo, presionando, estimulándolo, porque tampoco somos ingenuos como para decir que los gobiernos o los parlamentos se levantan y dicen: ‘qué voy a hacer yo por las personas mayores hoy o por las personas con discapacidad o las mujeres’”, ironizó, convencido de que “seguro” que “siempre hay otras cosas que les llaman y les espolean más”.

En este sentido, incidió en que esos avances se dan “porque hay una sociedad civil organizada” y afirmó que, “quizá”, España tiene en la actualidad la sociedad civil “más movilizada en todos los ámbitos”, lo cual, a su entender, “hace que estemos un poco en la cabeza de esa cordada”.

“Es verdad que Europa hace poco en lo social, podría hacer mucho más y, cuando alguien se mueve, destaca”, concluyó.