El CERMI plantea a Educación que aplique medidas de acción positiva en favor de docentes con discapacidad en la regulación de los concursos de traslados

  • El CERMI ha elaborado un informe de alegaciones y propuestas de mejora para la futura regulación que prepara el ministerio de Educación a fin de reforzar los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad
  • Enlace al documento de enmiendas

Madrid, 19 de abril de 2024. – El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte la aplicación de medidas de acción positiva en favor de docentes con discapacidad en la regulación de los concursos de traslados con el objetivo de reforzar los derechos y la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Así lo hace constar en un informe de alegaciones y propuestas al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.

La primera propuesta que plantea el CERMI es la incorporación de una nueva disposición adicional al texto del Proyecto de Real Decreto centrado en reglas específicas para el personal funcionario con discapacidad. Al respecto, el CERMI, advierte la “omisión completa” de la consideración a las personas con discapacidad en el Proyecto de Real Decreto y la necesidad de “suplir este vacío”.

En este sentido, la propuesta del CERMI plantea tres medidas de acción positiva. En primer lugar, el establecimiento de una reserva de, al menos, un 10 %. En segundo lugar, el CERMI propone prever expresamente la posibilidad de “alterar el orden de preferencia, en caso de discapacidad”. Y, por último, expone la importancia de ofrecer garantías de accesibilidad universal en los procedimientos, para “no mermar la igualdad del personal funcionario con discapacidad”, reza el documento.

El CERMI espera que Educación atienda estas demandas y las incorpore al Real Decreto que finalmente se apruebe por el Consejo de Ministros, con objeto de que la igualdad de trato se imponga en las condiciones laborales del personal docente con discapacidad en nuestro sistema educativo.

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