• Así lo ha manifestado durante el seminario ‘Los derechos de las personas con discapacidad: la reforma del artículo 49 de la constitución’ que ha tenido lugar este lunes en formato híbrido organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con la colaboración del CERMI
• El acto de clausura ha corrido a cargo de la directora del CEPC, Rosario García Mahamut y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde- Pumpido Tourón

Madrid, 15 de abril de 2024.  La presidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez Narváez, ha asegurado que el reto “urgente” del artículo 49 es el establecimiento de una ley de reparación total dirigida a las personas con discapacidad víctimas de la esterilización forzosa.

Así lo ha manifestado durante el seminario ‘Los derechos de las personas con discapacidad: la reforma del artículo 49 de la constitución’ que ha tenido lugar este lunes en formato híbrido (presencial y telemático). Un seminario organizado por CEPC, con la colaboración del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el que se ha abordado el significado de la histórica reforma del artículo 49 de la Constitución.

En concreto, lo hizo en una tercera sesión, moderada por Rafael de Asís y centrada en los retos de la reforma del artículo 49 de la Constitución, que también ha contado con la participación de la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, María José Romero Ródenas; la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, María del Carmen Barranco Avilés; y del magistrado de la sala Segunda del Tribunal Supremo, Javier Hernández García.

Otros dos retos que a juicio de Peláez son imprescindibles consisten en la mención expresa a mujeres y menores con discapacidad que exige el análisis y la formulación o reformulación de legislaciones políticas que atiendan a estos grupos de personas; así como tener clara una rendición de cuentas de las vulneraciones del ejercicio de los derechos humanos en mujeres y menores con discapacidad.

Durante su intervención, Peláez ha hecho un repaso por los diferentes artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a la consideración específica que se hace de mujeres y menores con discapacidad. “Los Estados reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, y a ese respecto, tendrán que tomar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales” ha declarado Peláez.

Además, ha mencionado la legislación vinculada con todas estas cuestiones que podrían verse afectadas por la reforma del artículo 49, legislación en diversas materias, entre otras, en materia de infancia, en materia de discapacidad, así como de mujeres, mencionando en este punto, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de la que ha dicho que “es un referente histórico porque fue la primera vez que las mujeres con discapacidad fueron consideradas en una legislación específica en España. Hasta ese momento nunca se había conseguido”.

Peláez ha pedido que se aborden estas cuestiones de los derechos humanos y se ponga siempre en el centro a las mujeres y a los niños y niñas menores con discapacidad que “deben de ser consultados y que deben participar plenamente y en igualdad de condiciones en la definición, en el despliegue y, en el seguimiento de esa legislación, y de esa política pública pendiente de adoptar conforme a la reforma del artículo 49”.

Por su parte, María José Romero Ródenas, ha propuesto, entre otros retos en materia de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, descartar el “capacitismo” desde el cual hasta ahora las personas con discapacidad y sus familias eran las que tenían que desarrollar las habilidades para adaptarse al entorno. “Ahora tenemos que pedírselo a la sociedad”, ha apuntado.

Además de un “cambio en el modelo de marco regulador que fomente el empleo en todos los sentidos, que sea flexible y con perspectiva de género”; orientar la participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral con un trabajo “decente” en el que se garanticen las condiciones laborales en todo momento como al resto de trabajadores; rebajar las altísimas tasas de inactividad y desempleo de las personas con discapacidad, fundamentalmente en mujeres y además en entornos rurales; el apoyo y ajustes necesarios para el empleo; y la puesta en marcha de una figura de evaluación externa e independiente del marco que analice la efectividad de las políticas públicas y sus garantías.

María del Carmen Barranco Avilés ha puesto el foco en los derechos humanos y ha indicado que, en este sentido “el gran reto es conseguir desarrollar el marco cultural adecuado para que esta reforma, que se hace para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad, se adecúe a los derechos humanos”. Así, ha manifestado que “nos enfrenamos a un enorme reto cultural, pues debemos creernos que, a partir de esta reforma, tenemos instrumentos para que a la sociedad vea que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos en el plano cultural y social que los demás”; y ha añadido que las personas con discapacidad son “titulares de todos los derechos, lo importante es eliminar las barreras para acceder a ellos”.

Para Javier Hernández García, la reforma supone un cambio profundo de acceso a la justicia. En este contexto, ha reconocido que “el modelo anterior expropiaba los derechos fundamentales” y que “en nuestro sistema hemos privado de derechos fundamentales como el de la participación democrática y política o la reproducción, de una manera sistemática. Con lo cual el artículo 49 tiene mucho valor”.

Sin embargo, ha indicado que el resto de este artículo está en la comprensión del derecho y de la norma, por lo que es necesario “un ajuste de competencia lingüística, para un mejor entendimiento”. Lo que obliga a un cambio de paradigma en el modelo de relación con las personas con discapacidad que acuden al sistema de justicia que reta a modificar las asimetrías en el lenguaje y obliga a tener una aproximación más equilibrada para que las personas puedan tener conocimiento sobre sus derechos y, por consiguientes, puedan tener herramienta para su defensa.

SEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión, han intervenido la catedrática de Derechos Civil de la Universidad de Valladolid, Cristina Guilarte Martín-Calero; el presidente del Foro de Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández Martínez; el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Enrique Belda Pérez-Pedrero; y la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso.

Una mesa, moderada por el catedrático de filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís Roig, que ha puesto el foco en la discapacidad en la Constitución y el significado de la reforma y se han analizado conceptos como la asistencia personal, inclusión y accesibilidad, de la importancia de la formación y de la toma de conciencia en derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, la importancia del juez y de los apoyos.

La magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez Bueso ha declarado que la reforma del artículo 49 se llevó a cabo desde “una perspectiva global”, es decir, desde una “perspectiva integral” y aclara “no solamente desde el punto de vista de lenguaje, sino también desde el punto de vista de la estructura”. Asimismo, ha hecho referencia a esa “doble protección de los grupos especialmente vulnerables” como uno de los avances más importantes de la reforma.

 Enrique Belda Pérez-Pedrero ha puesto énfasis en fomentar una mejor interpretación de los mandatos constitucionales para todas las personas y sobre todo de animar actuaciones promotoras a medidas de acciones positivas en el ámbito de las personas con discapacidad haciendo un especial esfuerzo para que operadores jurídicos, especialmente en el ámbito de la judicatura tengan presente “no una interpretación extensiva, sino la interpretación normal, lógica, habitual, necesaria de cualquiera de los derechos”.

La catedrática de Derechos Civil de la Universidad de Valladolid, Cristina Guilarte Martín-Calero ha expuesto los principios informadores del Código Civil que deben tenerse presente para la aplicación de todas aquellas reformas como consecuencia de otras leyes. A modo de conclusión, ha insistido en tener muy presentes estos principios y ha recordado que “para aplicarlo eficazmente, debemos de cambiar la mirada”.

Por su lado, el presidente del Foro de Justicia y Discapacidad, Juan Manuel Fernández Martínez en nombre de las personas que conforman el Poder Judicial, ha manifestado “el compromiso absoluto con los mandatos constitucionales y nuestro absoluto apoyo y lo mejor de nosotros mismos para la defensa de las personas con discapacidad”.

ACTO DE CLAUSURA Y CIERRE

Finalmente, la directora del CEPC, Rosario García Mahamut y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde- Pumpido Tourón han cerrado el acto recordando que la reforma del artículo 49 de la constitución ha supuesto un hito político y cívico que permite reforzar los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad.

El seminario del CEPC y del CERMI reúne a la comunidad científica, política y cívica para examinar y valorar el contenido, sentido y alcance de la primera reforma social de la Constitución Española, protagonizada por la propia sociedad civil de la discapacidad.