El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha expuesto ante el Defensor del Pueblo las principales quiebras al principio legal de igualdad de trato que padecen las personas con discapacidad en España, en el marco de un seminario sobre la aplicación de la Ley 15/2022.

En la jornada, celebrada en la sede de la institución, participaron, además del CERMI, representantes de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea, la Red Europea de Organismos de Igualdad de Trato, la Subdirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial del Ministerio de Igualdad, y otras organizaciones de la sociedad civil activas en la promulgación de esta Ley, y que ahora están coadyubando en su aplicación, tales como Fundación Secretariado Gitano, Red Acoge, FELGTBI + y Hogar Sí.

Tal como reconoce en su preámbulo la Ley 15/2022, la evolución de nuestra sociedad exige una respuesta más amplia y eficaz para enfrentar los retos que tiene por delante en materia de inclusión, ciudadanía y disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales, sin discriminación.

En este contexto, el Delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, Gregorio Saravia Méndez, ha señalado en el seminario que «las personas con discapacidad, más allá de la discapacidad concreta que tengan, por el mero hecho de tener una discapacidad, adolecen de un déficit agravado de ciudadanía y están expuestas a padecer la desigualdad de trato y la discriminación».

En lo que va del año 2023, el CERMI ha hecho llegar al Defensor del Pueblo más de una docena de denuncias relacionadas con faltas graves a la accesibilidad, uno de los principios fundamentales sobre los que se basa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como la condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente, participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad y disfrutar de manera irrestricta de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás.

Las denuncias de inaccesibilidad son una constante y así se refleja año tras año en los Informes de Derechos Humanos y Discapacidad elaborados por CERMI.

El Delegado del CERMI sostuvo que «sin accesibilidad, no hay posibilidad de acceso al derecho que se quiere ejercer y, por tanto, no hay derecho, éste queda volatilizado y se produce una situación de desigualdad y discriminación».

Resulta de especial preocupación para el CERMI y así lo ha transmitido al Defensor del Pueblo, la falta de vigencia del derecho a la educación inclusiva. En este sentido, se apuntó que la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un Plan para que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. A pesar de este mandato legal y trascurrido un tiempo más que sobrado, el Ministerio de Educación no ha materializado esta previsión legal, por lo que «es necesario actuar con premura para aprobar este Plan, dialogado y acordado con el movimiento social representativo de la discapacidad, que permita alcanzar un sistema educativo mucho más inclusivo que el actual».

A continuación, el Delegado del CERMI hizo hincapié en el derecho de acceso a la justicia como uno de los pilares de la sociedad democrática y que no está garantizado suficientemente para las personas con discapacidad.

Entre los principales obstáculos en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, se mencionaron la dificultad de accesibilidad a las instalaciones y servicios, la no disponibilidad de información en formatos accesibles, las actitudes paternalistas o negativas que cuestionan la capacidad de las personas con discapacidad para participar en todas las fases de la administración de justicia, la falta de formación de los profesionales que trabajan en la esfera de la justicia o la complejidad y rigidez de los procedimientos judiciales.

Para finalizar, el CERMI puso de relieve entre los desafíos para la aplicación de la Ley 15/2022, los ajustes de procedimiento, que deben ser individualizados, adecuados al género, la edad e incorporando la figura del facilitador y facilitando el uso de modos y formatos de comunicación accesibles.

Otro desafío lo constituye la participación en todos los procedimientos de las personas con discapacidad como sujetos con capacidad jurídica, con derecho a actuar de acuerdo con esta capacidad jurídica y de ejercerla.

Y, por último, la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de la justicia siguiendo recomendaciones tales como «la simplificación del lenguaje que se emplea, asegurando la accesibilidad cognitiva, la eliminación de prejuicios, estereotipos y cualquier otra forma de maltrato institucional a las personas con discapacidad».