Las mujeres y niñas con discapacidad de Europa denuncian las restricciones legales que sufren como una forma específica y agravada de violencia de género

  • Así se recoge en el manifiesto conjunto ‘Yo decido’ de la Fundación CERMI Mujeres y del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad, que se ha hecho público con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

23 de noviembre de 2023.– Las mujeres y niñas con discapacidad de Europa han denunciado las restricciones legales que sufren como una forma específica y agravada de violencia de género.

Así se recoge en el manifiesto conjunto ‘Yo decido’ de la Fundación CERMI Mujeres y del Comité de Mujeres del Foro Europeo de la Discapacidad, que se ha hecho público con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Pese a los mandatos establecidos en las convenciones de Naciones Unidas, muchos países han arbitrado medidas legales que despojan de la capacidad jurídica a las mujeres con discapacidad para ejercer sus derechos y poder tomar decisiones sobre sus propias vidas.  “Esto supone ignorar nuestras opiniones como mujeres con discapacidad y sustituir nuestras decisiones por las de terceras personas, incluidas aquellas que ejercen de representantes legales, proveedores de servicios, tutores, tutoras y miembros de la familia”.

Como consecuencia, muchas de ellas han perdido la custodia de sus hijas e hijos y se han sentido amedrentadas por sus maltratadores ante la amenaza de ser incapacitadas legalmente, lo que es una forma extrema de violencia psicológica contra las mujeres, como denuncia el manifiesto.

La puesta en marcha con urgencia de mecanismos de vigilancia por autoridades independientes es una de las  demandas principales que hace esta declaración conjunta de CERMI Mujeres y del Foro Europeo de la Discapacidad, con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, colegios de educación especial, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros, sean supervisados efectivamente para impedir que se produzcan casos de negligencia, malos tratos, abuso, acoso y violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, incluida la pérdida de su capacidad jurídica.

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