El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) confía en que las nuevas Cortes afronten con celeridad la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para actualizar si texto y adaptarlo a un enfoque exigente de derechos humanos.

Para ello, es imprescindible la formación sin retraso del nuevo Gobierno de España, tras los resultados de las elecciones generales del ayer domingo 23 de julio, para que pueda acometer sin demora el impulso de los asuntos que integran la agenda social pendiente en materia de discapacidad.

Es importante que se cumplan los plazos ordinarios fijados en la Constitución para la conformación del Ejecutivo, de forma que quede despejado el panorama político y la nueva Legislatura eche a andar, adoptando con celeridad las decisiones normativas, programáticas y presupuestarias que espera el sector social de la discapacidad y que el CERMI planteó a los partidos políticos que han concurrido a los comicios celebrados ayer.

Aparte de modificar el artículo 49 de la Constitución, se impone reformar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad de la vivienda a personas con discapacidad y mayores; avanzar decididamente hacia un sistema de educación inclusivo; extender la figura del asistente personal entre quienes necesitan apoyos más intensos para su autonomía, así como desplegar una estrategia ambiciosa de desinstitucionalización, entre otras cuestiones, todas las cuales el CERMI considera prioritarias.

También, la adopción de un nuevo modelo legal de inclusión laboral para las personas con discapacidad; la supresión de los internamientos forzosos por causas asociadas a discapacidad o la creación de un espacio sociosanitario accesible e inclusivo, figuran en la agenda política de la discapacidad en posiciones de la máxima relevancia.