El sector social de la discapacidad resulta fundamental para que la gran reforma del Derecho Civil y Procesal llegue de verdad a todas las personad, con discapacidad y mayores, que precisan apoyos para la toma de decisiones.
Así se ha expresado hoy el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), durante su intervención en el curso de verano “Persona, empresa y tecnología”, organizado por el Consejo General del Notariado y la Universidad del País Vasco, que se celebra estos días en San Sebastián.
La discapacidad organizada, agregó Pérez Bueno, desea ser un actor clave en el despliegue de la reforma civil en esta esfera, ofreciendo respaldo y acompañamiento y proporcionando conocimiento, orientación y soluciones a la Administración de Justicia y al resto de instancias y operadores que intervienen en la provisión de apoyos a las personas con discapacidad.
Aguardamos vivamente, resaltó el presidente del CERMI, que el nuevo Gobierno desarrolle el estatuto jurídico de entidad social colaboradora de la Administración de Justicia, regulación reglamentaria prevista en la Ley 8/2021. Desde el CERMI y el Tercer Sector ya se elevó al Ministerio de Justicia una propuesta de real decreto sobre la cuestión que el Ejecutivo actual no sacó adelante.
Ahora, concluyó Pérez Bueno, tras las elecciones del 23 de julio, este asunto debería ser una de los primeros ítems en la agenda política y normativa del Ministerio de Justicia.
