• Así lo ha puesto de manifiesto el delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, este jueves durante la I jornada formativa `La atención adecuada a las personas con discapacidad como víctimas de delito y oficina de información y asistencia a las víctimas del terrorismo de la Audiencia Nacional ´

• Esta jornada ha sido organizada por el Ministerio de Justicia 

6 de junio de 2023. El delegado del CERMI Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, ha abogado, junto con el resto de las entidades que han participado en esta jornada, por una mejora de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la justicia.

Así se ha ratificado durante la jornada ‘La atención adecuada a las personas con discapacidad como víctimas de delito’, la I edición de la jornada formativa dirigida a los profesionales de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, que se ha celebrado este jueves de forma híbrida. Un seminario organizado por el Ministerio de Justicia.

El acto de apertura de la jornada ha corrido a cargo de la directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria De los Ángeles García Vidal y de la directora ejecutiva del CERMI Estatal, Pilar Villarino.

Seguidamente se ha dado paso a una mesa redonda sobre la accesibilidad a la Justicia de las personas con discapacidad, moderada por la fiscal y asesora de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, Yolanda Gutierrez García, y en la que ha participado el asesor Jurídico del CERMI Estatal, Óscar Moral Ortega, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Isabel Caballero Pérez, y el delegado de Derechos Humanos y para la Convención del CERMI Estatal, Gregorio Saravia Méndez.

Caballero ha querido trasladar la especial significación que cobra al hablar de la accesibilidad en la Justicia para las mujeres con discapacidad, ya que los datos estadísticos que ofrecen los registros oficiales de la delegación del gobierno afirman que “un 10% de las mujeres asesinadas tenían una discapacidad acreditada”, y que  “ en la última Macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 se señalaba que el 17, 5 % de las mujeres con discapacidad encuestadas reconocían que su discapacidad era producto de la violencia machista”.

En este sentido, la coordinadora de la FCM, también ha querido añadir que “las mujeres con discapacidad cuentan con escasos recursos de toda índole para reaccionar ante estas situaciones”, y ha señalado los diferentes aspectos a mejorar en la accesibilidad dentro del ámbito jurídico como es la falta de empoderamientode la mujer a nivel legal, la discriminación interseccional, y la discriminación por asociación, la falta de crédito que siguen teniendo sus testimonios, la falta de accesibilidad a la información y el acceso a la denuncia; las inercias que siguen todavía manejando los operadores jurídicos así como la falta de recursos adecuados y de acompañamiento necesario que evite la revictimización o la victimización secundaria de este colectivo tan vulnerable de la población, entre otras.

Por su parte, Saravia, ha declarado que “el derecho de acceso a la justicia es un derecho transversal que debe interpretarse en consonancia con todos los principios y obligaciones de la Convención”, y ha añadido que “el Comité y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas han destacado que todavía existen varios elementos que obstaculizan el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, como la accesibilidad y acceso a la información, los ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, el derecho a exigir justicia y a comparecer en juicio, la presunción de inocencia, así como la asistencia jurídica gratuita”.

A continuación, y siguiendo el orden día de la jornada, ha tenido lugar la ponencia titulada ‘Las personas con discapacidad intelectual’, de la mano de la coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión Estatal, Inés de Aráoz Sánchez-Dopico, quien ha confirmado que “ya necesitamos discursos específicos en el ámbito jurídico”.

Posteriormente, se ha dado paso a la ponencia sobre ‘Las personas con parálisis cerebral’, con la delegada de Derechos Humanos y coordinadora de Incidencia de la Asociación de Parálisis Cerebral (ASPACE), Ángeles Blanco, quien ha explicado los mecanismos de prevención y atención precoz de las personas con parálisis cerebral y sus necesidades en el ámbito de la justicia, así como la consideración “fundamental” de la figura de la persona facilitadora para la comunicación de este colectivo.

La última ponencia titulada ‘Las personas con trastorno del espectro autista’, ha corrido a cargo de la responsable de Derechos de la Confederación Autismo España, Paloma Rodrigo Gutiérrez de la Cámara, quien ha hablado de las características de las personas con autismo y de los diferentes perfiles existentes, y ha querido insistir sobre la existencia de víctimas de delito que no están diagnosticada como personas con autismo y se están incumpliendo sus derechos como personas con discapacidad.

Junto con el CERMI, todas las entidades participantes en la jornada han querido trasladar la necesidad de una mejora en el ámbito de la Justicia para las personas con discapacidad, sobre todo la existencia de un desarrollo reglamentario y la figura de la persona facilitadora procesal que ayuden a la comunicación, así como al acompañamiento y guía de este colectivo tan vulnerable dentro de la ciudadanía.

Además, estas organizaciones denuncian la de existencia de barreras físicas y cognitivas, la falta de accesibilidad sensorial, de ajustes en la comunicación, de la falta de apoyo personas dentro de un proceso ya sea con jueces o policías, de protocolos de funcionamientos, de la falta de especialización de los profesionales específicos para personas con discapacidad, así como de la falta de formación específica por parte de los operadores jurídicos.

Finalmente, el acto de clausura ha corrido a cargo del jefe de la Unidad de Asistencia a las Víctimas y coordinador de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia, Mario García Martínez, quien ha abogado, coincidiendo con las peticiones anteriores de las organizaciones, por la mejora de los derechos a la accesibilidad jurídica de las personas con discapacidad.