- Así se ha manifestado en una jornada de puertas abiertas que ha celebrado la entidad hoy con motivo del día 3 de mayo
(03 de mayo de 2023). – La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido que se lleven a cabo auditorías inmediatas de accesibilidad a nivel provincial de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.
Así lo ha manifestado en una jornada de puertas abiertas que ha celebrado la entidad hoy con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo.
En el evento, en el que han participado miembros de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados y de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres y también presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW),, Ana Peláez, ha presentado las demandas de la FCM sobre la inclusión de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en los programas electorales de las distintas formaciones políticas.
En cuanto a la igualdad y no discriminación, destaca hacer frente a las formas interseccionales de discriminación, asegurar la incorporación de la perspectiva de género y derechos de la mujer en la política pública de discapacidad y asegurar la inclusión de las variables de discapacidad y otras vinculadas a la misma en la recopilación y análisis de datos oficiales de la comunidad autónoma sobre su política de igualdad de género y derechos de la mujer.
Respecto al acceso a la justicia, desde FCM resaltan la necesidad de abordar las causas del “escaso” número de denuncias presentadas, de garantizar una protección eficaz contra sus presuntos agresores y promover la asistencia legal gratuita en todos los procedimientos judiciales, y de crear y dotar de recursos adecuados a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, entre otros.
Asimismo, FCM aboga, en materia de estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas, por garantizar que se investiguen de forma efectiva y enjuicien todos los casos de prácticas nocivas contra las mujeres y niñas con discapacidad, como esterilizaciones o embarazos forzados. También destacan garantizar el consentimiento previo, libre e informado para cualquier tratamiento médico, y la prohibición vía legislativa de disposiciones que permitan el consentimiento sustitutivo por razón de discapacidad por parte de terceros.
En lo que se refiere a la violencia contra la mujer, han puesto de manifiesto la importancia de abordar esta práctica, especialmente respecto a aquellas que viven en instituciones; así como de desarrollar o actualizar los protocolos de coordinación entre los actores involucrados en el abordaje de la violencia machista y dar prioridad en la certificación de la discapacidad a las mujeres víctimas de violencia. También destacan en este ámbito la puesta en marcha de una macroencuesta específica a nivel autonómico sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, entre otros reclamos.
Sobre trata y explotación sexual, FCM aboga por la formación a todos los servicios implicados sobre la identificación temprana de posibles mujeres y niñas con discapacidad víctimas, así como por su derivación a los servicios adecuados para su protección y rehabilitación. Además, insisten en que todas ellas tengan acceso a mecanismos de denuncia confidenciales e independientes.
En materia de participación en la vida política y pública, la entidad reclama, entre otros puntos, la incorporación de candidatas con discapacidad en las listas electorales, la designación de mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad en puestos relevantes de los ejecutivos regionales y que se garantice la consulta y su participación efectiva en los mecanismos autonómicos y provinciales de diálogo civil.
En términos de educación, los principales reclamos son la puesta en marcha de campañas escolares destinadas a eliminar los estereotipos discriminatorios, la adopción de protocolos para la prevención, protección y atención de la violencia sexual y el ‘bullying’; y la promoción de oportunidades de acceso a programas de educación permanente de adultos, incluidos programas de alfabetización digital.
En cuanto al empleo, las peticiones pasan, entre otros aspectos, por la revisión del marco de incentivos para el fomento de la contratación de personas con discapacidad, por la puesta en marcha un Plan Autonómico de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con Discapacidad con enfoque de género o por elevar al 10% la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las Administraciones Públicas y organismos autonómicos.
Por último, en materia de salud, FMC apuesta por arbitrar acciones encaminadas a informar y formar a las mujeres con discapacidad acerca de su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, garantizar el acceso a programas específicos o adoptar las medidas apropiadas para asegurar que los servicios de salud mental incorporen un adecuado enfoque de género, entre otros aspectos de interés.