El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha emplazado al ministerio de Educación y Formación Profesional a que apruebe ya y despliegue el Plan de Inclusión Educativa que ordena la reforma de 2020 de Ley Orgánica de Educación.

El sector social de la discapacidad exige la adopción de este Plan tras más de dos años del mandato legal sin que este se haya llevado a término.

En efecto, la disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece directrices sobre la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

Entre ellas, ordena que “el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un Plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

Además, añade que “las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

A pesar de estos mandatos legales, y trascurrido un tiempo más que sobrado, el ministerio de Educación y Formación Profesional no ha materializado esta previsión legal, por lo que es necesario actuar con urgencia para aprobar este Plan, dialogado y acordado con todos los grupos de interés de la comunidad escolar, en especial con el movimiento social representativo de la discapacidad, que permita avanzar hacia un sistema educativo con más altas cotas de inclusión que el actual.