El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente el Proyecto de Ley de Empleo, con cinco modificaciones resultantes de las enmiendas introducidas en la iniciativa legislativa a su paso por el Senado.
Estos cambios propuestos por la Cámara Alta refuerzan las exigencias sobre la necesidad de que en los servicios de empleo haya personal formado para atender a personas con discapacidad y de que las herramientas digitales de formación para demandantes de trabajo sean accesibles.
Estas enmiendas son algunas de las propuestas realizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a los grupos parlamentarios que no fueron incluidas en el texto en el Congreso y que sí asumieron los grupos parlamentarios en el Senado.
Más allá de las enmiendas del Senado, gracias a la acción de propuesta e incidencia del CERMI, a lo largo de esta tramitación pre y legislativa, la nueva Ley incorpora numerosos avances para la promoción laboral de las personas con discapacidad.
Así, se restaura la asimilación legal a efectos laborales entre las situaciones de incapacidad permanente de Seguridad Social y clases pasivas y el grado mínimo de discapacidad del 33 por 100, desaparecida en 2018 en virtud de sentencia del Tribunal Supremo, y que había repercutido de modo negativo en la generación de empleo para trabajadores con discapacidad sobrevenida.
Otro avance es la consideración legal expresa de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) como grupo de especiales dificultades de inserción laboral.
Asimismo, se regula la separación e identificación específica de las partidas presupuestarias que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) para políticas activas de empleo de personas con discapacidad, lo que facilitará su trazabilidad, seguimiento y aplicación finalista a la discapacidad, sin confusión o trasvases a otros sectores sociales laboralmente vulnerables.
La nueva Ley de Empleo modifica igualmente la Ley General de Discapacidad para obligar a todos los poderes públicos, administraciones, autoridades y agentes oficiales a usar como terminología adecuada únicamente la de “persona(s) con discapacidad”.
El CERMI celebra la aprobación de esta norma legal que lleva consigo aspectos beneficiosos para las personas con discapacidad en su acceso y progreso en el mercado de trabajo.