El secretario general de Cultura y Deporte del ministerio de Cultura y Deporte, Víctor Francos, se ha comprometido hoy con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a retirar del vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos de 1966 los contenidos discriminatorios contra las personas con discapacidad, en lo referido a los festejos taurinos cómicos.

Así se ha expresado el responsable ministerial en la reunión celebrada hoy por el Foro de Cultura Inclusiva, órgano oficial de participación y seguimiento de las políticas culturales inclusivas en el que están presentes la Administración General del Estado y el sector social de la discapacidad.

Ante la petición reiterada del CERMI y del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Víctor Francos ha adquirido el compromiso de modificar el Reglamento Taurino para que no se dé cobertura en esta norma reglamentaria a espectáculos en que se usa a personas con discapacidad de modo contrario a los compromisos en materia de derechos humanos adquiridos por España.

Aunque el ministerio de Cultura y Deporte carece de competencias en materia de espectáculos públicos -éstas pertenecen en exclusiva a las Comunidades Autónomas- que le permitieran prohibir este tipo de festejos taurinos, sí que puede suprimir del vigente Reglamento Taurino aquellos aspectos no adecuados con los derechos de las personas con discapacidad.

Además, el Departamento que preside Miquel Iceta ha manifestado su intención de plantear en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura, en la que participan el Estado y las Comunidades Autónomas, una instancia a los poderes territoriales para que en uso de sus atribuciones modifiquen su normativa sobre espectáculos públicos, para prohibir esta clase de festejos, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Extremadura recientemente.

Por su parte, el CERMI y Derechos Sociales han coincido en que la prohibición de estos espectáculos denigrantes ha de venir de la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su normativa de desarrollo, que tiene como fundamento constitucional la competencia del Estado en materia de regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.