La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 de Naciones Unidas debe ser el marco de referencia y prescripción de todas las políticas públicas y legislación de discapacidad en España, en el plano estatal, en el autonómico y en el local, pues consagra el único enfoque admisible para abordar esta realidad, el de derechos humanos.

Así se ha expresado hoy el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, con motivo del 16 aniversario de la adopción de este tratado internacional de derechos humanos, que se cumplió ayer.

La Convención de la Discapacidad no ha ser solo inspiradora de las políticas y las legislaciones internas, sino que es imperativa y no puede resultar ignorada u orillada por los poderes públicos nacionales, como si fuera factible elegir qué les obliga y qué no de ese tratado internacional.

La Convención de la ONU de 2006, han enfatizado el presidente del CERMI, ha de ser invocada y convocada siempre, en la formulación de la acción pública en materia de discapacidad, pero sobre todo ha de ser puesta en práctica. No es un horizonte al que se debe tender, que también, sino una exigencia y un requerimiento permanentes.

Frente a los mandatos de la Convención, algunos muy radicales, en el mejor sentido de la palabra, habrá siempre resistencias, excusas, negativas o lo que es peor palabras retóricas de aceptación, pero reservas mentales e inacción para darles cumplimiento, indicó Luis Cayo Pérez Bueno. Los centros y organismos rectores de las políticas de discapacidad en el Estado, como la Dirección General y el Real Patronato, han de ser en la esfera gubernamental estatal los bastiones de impulso y defensa de la Convención, y en esa tarea, tendrán siempre de aliado al movimiento asociativo de la discapacidad, concluyó el representante del CERMI.