CERMI Mujeres exige que los fondos Next Generation se utilicen para asegurar la accesibilidad de todos los servicios especializados de violencia de género

  • Así lo ha expresado la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez, durante una comparecencia ante la “Ponencia de estudio del impacto de género de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias en nuestro país”, de la Comisión de Igualdad del Senado.

(Madrid, 2 de diciembre de 2022). – La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido que los fondos Next Generation se utilicen para asegurar la accesibilidad de todos los servicios especializados de violencia de género, incluidas las casas de acogida para víctimas y los servicios de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencias sexuales

Así lo ha expresado ayer la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez, durante una comparecencia ante la “Ponencia de estudio del impacto de género de la crisis del COVID-19 y sus consecuencias en nuestro país”, de la Comisión de Igualdad del Senado.

En su exposición, Peláez ha denunciado la falta de datos estadísticos y consideración en los informes oficiales sobre cómo ha impactado la pandemia provocada por el COVID-19 en las mujeres y niñas con discapacidad. “Si conocemos el impacto que ha tenido, ha sido gracias a los aportes  ofrecidos por algunas organizaciones de personas con discapacidad, como el estudio específico de COCEMFE y CEMUDIS;  por la compilación de información RELEVANTE EN MATERIA DE DISCAPACIDAD por Fundación ONCE en el portal ODISMET), y, desde luego, por el acompañamiento y escucha activa que Fundación CERMI Mujeres ha hecho semanalmente durante la pandemia a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad con los webinarios No Estás Sola”, ha señalado.

La salud, la gestión de los cuidados, los apoyos socioeconómicos disponibles, la violencia doméstica y de género durante el confinamiento, las medidas de desescalada, la institucionalización, el teletrabajo, la educación digital, entre otros, han sido algunas de las muchas temáticas tratadas en estos espacios de participación, todos ellos disponibles en la página web de la entidad (www.fundacioncermimujeres.es).

“A partir de toda la información disponible y de innumerables testimonios, sabemos que la pandemia del COVID-19 ha impactado de forma desproporcional y agravada en las mujeres y niñas con discapacidaden comparación con sus dos grupos de referencia: los hombres con discapacidad y las mujeres en general”, ha comentado la representante de Fundación CERMI Mujeres.

En ese sentido, en su comparecencia, Peláez ha ido especificando los ámbitos donde se tiene constancia clara del impacto agravado que la pandemia ha provocado en las mujeres y niñas con discapacidad; a saber, la institucionalización; la violencia de género y violencia doméstica, incluida la violencia sexual intrafamiliar; la explotación sexual, incluso durante el confinamiento; la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; la gestión de los cuidados; la falta de protección social adecuada; la brecha digital; la educación a distancia y el teletrabajo; la autonomía personal; la pobreza; el aislamiento social y emocional; y la salud mental.

Entre sus recomendaciones, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres ha solicitado a la Cámara Alta impulsar en la política pública medidas concretas centradas en las mujeres de grupos desfavorecidos, como las mujeres y niñas con discapacidad, que puedan frenar las consecuencias desproporcionadas originadas por la pandemia en ámbitos contrastados de particular urgencia, con suficientes recursos, técnicos, económicos y humanos; utilizar los fondos europeos, como los  Next Generation, para asegurar la accesibilidad universal de todos los servicios especializados de violencia de género, incluidas las casas de acogida para víctimas, los servicios  de atención 24 horas a mujeres víctimas de violencias sexuales; exigir que todos los datos demográficos oficiales estén desagregados por variables relevantes, como sexo, género, edad,  discapacidad, ruralidad, nacionalidad…, que permitan identificar los grupos de población más desfavorecidos y diseñar medidas efectivas

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