• Esta ha sido una de las principales denuncias que ha expuesto la entidad durante su intervención en el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrada hoy en el Senado en Madrid

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido que se contemple la variante discapacidad en todos los programas contra la violencia de género, y que estos aborden esta problemática desde un enfoque interseccional.

Así lo ha expuesto durante su ponencia sobre violencia de género y víctimas con discapacidad, en la mesa ‘debate con la sociedad civil’ del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que se ha celebrado hoy viernes en el Senado en Madrid.

En el acto, moderado por Itziar Abad Andújar, subdirectora general de Sensibilización, prevención y estudios de la violencia de género, en la delegación del gobierno contra la violencia de género, ha intervenido la coordinadora de CERMI Mujeres, Isabel Caballero, quien ha denunciado la invisibilidad de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad, debida, en parte, a la falta de estudios estadísticos que contemplen esta variante: “hay 2,5 millones de mujeres con discapacidad en nuestro país, sin embargo, los datos no muestran la realidad de estas mujeres que sean víctimas de violencia de género. De hecho, como información más actualizada tan solo conocemos el dato último y fatal de mujeres asesinadas”, ha lamentado.

Asimismo, Caballero ha querido expresar la preocupación de todas aquellas mujeres que no tienen la discapacidad reconocida y que son víctimas de violencia machista, y de aquellas mujeres que adquieren una discapacidad como consecuencia de la violencia a la que han sido sometidas: “según la última macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019 el 17% de las mujeres con discapacidad encuestadas señalaban que su discapacidad era consecuencia de los malos tratos que habían sufrido”, ha declarado.

A este respecto, Caballero ha mencionado el informe de la delegación del gobierno contra la violencia de género de 2018, donde según subraya, se concluye que el 20% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas tenían discapacidad acreditada.

Por otra parte, la coordinadora de la FCM ha denunciado el incumplimiento del Pacto de Estado por parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que “no incluye la variable discapacidad por lo que no se puede extraer información relativa a la prevalencia de la violencia de género contra mujeres con discapacidad de los informes periódicos que publica”.

Isabel Caballero ha señalado durante su ponencia algunas de las complicaciones que tienen las mujeres con discapacidad a la hora de denunciar su situación; la falta de accesibilidad de los procesos judiciales, y la falta de información por parte de los operadores jurídicos, fiscales, jueces y abogados son dos de las principales barreras que ha querido destacar.

Por último, la coordinadora de CERMI Mujeres ha finalizado su intervención recalcando la necesidad de trabajar en el propio empoderamiento de las mujeres con discapacidad para que conozcan sus derechos, y ha exigido hacer un abordaje interseccional de la prevención de la violencia machista, “ya que hay mujeres con discapacidad que también son víctimas de trata, mujeres con discapacidad que viven en entornos rurales…”, ha matizado.

Otros puntos que se han tratado durante esta mesa debaten también han sido: la violencia de género en el mundo rural, y la inclusión sociolaboral de las víctimas y vías de integración. En este sentido, han intervenido como ponentes la técnica de FADEMUR, Sofía Gabasa; la presidenta de AFAMMUR, Carmen Quintanilla; la técnica del proyecto Oblatas, Begoña Vera; y la directora de APRAMP, Rocío Mora.

Los congresos del Observatorio se celebran bianualmente desde 2003, pero la celebración de su octava edición, que debía llevarse a cabo en 2020, se ha visto retrasada hasta este año como consecuencia de la pandemia. Esta edición ha sido organizada por el Consejo General del Poder Judicial, en colaboración con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Igualdad, la fiscalía general del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española.

Durante las dos jornadas del VIII Congreso, que tienen lugar los días 17 y 18 de noviembre, se abordan cuestiones como la coordinación entre instituciones, el papel de la sociedad civil, la respuesta especializada frente a las diversas manifestaciones de la violencia de género, las novedades legislativas en relación con la protección conjunta de las madres y sus hijos e hijas o la extensión de las medidas de protección en todas sus vertientes.