La Fundación Cermi Mujeres (FCM) planteó al Ministerio de Igualdad que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia tengan consideración prioritaria en las ayudas públicas de resarcimiento.

Así lo hizo constar en un documento de “aportaciones a la fase de consulta pública sobre el proyecto del Real Decreto por el que se regula la ayuda económica establecida en el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre, de garantía integral de la Libertad Sexual (Logils)”.

En este documento pide que todos los requisitos que garantiza dicha ley deben poder acreditarse de manera sencilla «sin que dicha acreditación suponga un gravamen para la persona solicitante”.

Indica que la nueva legislación debe tender a “evitar la duplicidad de órganos en su gestión y minimizar las cargas administrativas para las mujeres solicitantes, facilitando las gestiones ante cualquier órgano administrativo más cercano a la ciudadanía”. Según advierte FCM, este tratamiento diferencial, “debe extenderse también a los procedimientos formales que se adopten para tramitar dichas ayudas”.

En este punto, el Cermi recuerda que “el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre recoge las relaciones con las administraciones públicas como uno de los ámbitos específicos en los que se deberá velar por que en cualquier procedimiento de estas características todas sus fases se desarrollen con la máxima celeridad y simplicidad garantizándose la plena accesibilidad del procedimiento administrativo a seguir.

En su documento de propuestas, el movimiento Cermi recomendó que los centros de acogida, los servicios de apoyo y los procedimientos deben ser accesibles ”para ofrecer una protección efectiva y significativa frente a la violencia, el abuso y la explotación que pueden sufrir las personas con discapacidad”.

Asimismo, demandan que “el futuro real decreto” haga alusión expresa al a garantía de información plenamente accesible sobre estas ayudas y su procedimiento de concesión, así como acerca del sistema de compatibilidades establecido”.

FCM advierte de que esta ayuda deberá ser compatible con la percepción de las indemnizaciones acordadas por sentencia judicial, con las ayudas de renta activa de inserción para personas desempleadas con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo y con las ayudas del ingreso mínimo vital.

Para finalizar, FCM aboga por desarrollar campañas informativas en formatos accesibles que “lleguen a todas las potenciales víctimas de violencias sexuales sin excepción, a fin de que conozcan los derechos que la Logils les reconoce y las ayudas económicas que la norma fija a las víctimas resulta clave para garantizar una protección real y efectiva de este sector de población”.

El enlace al documento se encuentra en ‘https://cermi.es/novedad/aportaciones-de-la-fcm-a-la-consulta-publica-sobre-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-regula-la-ayuda-economica-establecida-en-el-articulo-41-de-la-ley-organica-102022-de-6-de-septiembre-de-garantia-integral-de-la-libertad-sexual’.