• El estudio se ha presentado de forma oficial esta mañana en un acto híbrido llevado a cabo por Fundación ONCE, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Universidad Autónoma de Madrid
• El CERMI publica en sus colecciones el estudio, en formato digital y en papel
• Enlace al estudio en formato digital

(Madrid, 8 de noviembre de 2022). – Las fundaciones ONCE, Derecho y Discapacidad, y Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) han presentado el estudio sobre ‘la situación del personal docente e investigador (PDI) con discapacidad en el sistema universitario español’, en el que se ha puesto de relieve la infrarrepresentatividad de las personas con discapacidad en las universidades, debido, según se ha concluido, a un incumplimiento reiterado de la normativa que regula la cuota de reserva de discapacidad para el PDI.

El salón de actos de Fundación ONCE ha acogido este evento, que ha sido moderado por la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano.

En la apertura del acto ha intervenido el director de innovación de la Universidad Autónoma de Madrid, Félix Fernando Muñoz Pérez; el director técnico del Centro de apoyo a la innovación y transferencia de conocimiento (CAITEC), Iván Manzanares Recio, y la profesora de la UAM y autora del estudio, Carmen Márquez.

Durante sus intervenciones, los ponentes han hecho hincapié en la importancia de contar con estudios que aporten una visión transversal de la situación del PDI con discapacidad en el sistema universitario español.

Muñoz Pérez ha celebrado la publicación del estudio, que ha calificado de “hito”, y ha señalado que “parte del conocimiento de la realidad, para buscar soluciones que redunden en la mejora de las condiciones de las personas con discapacidad”.

En este sentido, Manzanares Recio ha celebrado el resultado de una colaboración “positiva y exitosa” entre universidades y entidades.

Por su parte, la autora del estudio, Carmen Márquez, ha declarado que “el principal valor de esta investigación pionera es que da voz a los investigadores de nuestro país para que ellos mismos identifiquen las barreras que encuentran y las medidas de aplicación que exigen para eliminarlas”.

Márquez ha lamentado que “si bien las universidades han avanzado mucho, todavía queda por hacer todo cuando nos referimos a la carrera docente de las personas con discapacidad”. “El sistema universitario español se está cerrando las puertas a un talento muy importante de personas resilientes, y este es un valor al que no se pueden permitir renunciar”, ha asegurado.

También durante la presentación se ha proyectado un vídeo que resume las conclusiones del estudio, y en el que se ha destacado que algunas de las barreras que dificultan a las personas con discapacidad desarrollar una carrera académica en la universidad son: la visión asistencialista que aún tiene el sistema universitario español que exige al PDI adaptarse a la universidad en vez de adaptar la universidad para él, el continuo incumplimiento de la normativa referente a la reserva de plazas y a la accesibilidad de los espacios y los entornos, así como la falta de promoción de estudiantado predoctoral.

A continuación, se ha dado paso a un debate en torno al ‘dificultoso proceso de incorporación de las personas con discapacidad al PDI de las universidades españolas’, en el que se han compartido algunas propuestas de solución. En este ha intervenido el secretario general de la Fundación Derecho y Discapacidad y secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo; la vicerrectora del personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla, Pastora Revuelta Marchena; y el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Rafael de Lorenzo ha manifestado decepcionado que “hoy estamos insufriblemente lejos de cualquier objetivo razonable”; “Cuando comparamos los informes observamos un retroceso en la aplicación de la cuota de reserva durante los últimos años”, ha lamentado.

Al respecto, de Lorenzo ha afirmado que un avance real solo será posible si se crea condiciones y un clima favorable a la inclusión: “queremos que se vaya generando una cultura de aceptación de esta realidad, y no una cultura de apariencia favorable, y de rechazo”, ha reclamado.

En este sentido, Pastora Revuelta ha explicado que en su departamento tienen como objetivo la elaboración de un manual de buenas prácticas de atención al PDI con discapacidad, una herramienta que servirá de guía a las universidades para garantizar un acompañamiento y apoyo efectivo al personal docente e investigador con discapacidad durante toda su carrera académica.

Pingarrón ha querido poner el foco en la necesidad de contar con un marco normativo, y sobre todo garantizar la aplicación de este marco normativo. Asimismo, ha destacado que “los requisitos no pueden ser los mismos para las personas con discapacidad y sin, siempre se tiene que adaptar los criterios en cada caso”.

Por último, se ha procedido a la presentación de la Red PDI con discapacidad de la FDyD en la que ha intervenido su coordinador, Luis Villameriel, y lo han acompañado tres integrantes de esta Red: Pedro Almaida, Ángela Matallín y Elena Fraj; quienes han compartido sus experiencias como PDI con discapacidad.

La Red PDI con discapacidad actúa como figura de apoyo y respaldo para los doctores y doctoras con discapacidad ante las instituciones universitarias y tiene como misión apoyar y asesorar a los doctores y doctoras con discapacidad que forman parte del personal Investigador de las universidades, o que pretenden incorporarse. De esta forma, la Red suministra a sus miembros formación para orientarles tanto en la petición de la aplicación de la reserva, como en posibles reclamaciones o recursos; promueve acciones de sensibilización dirigidas a los órganos de gobierno de las universidades y a los responsables públicos del sistema universitario, y promueve la constitución de redes de alianzas, dentro de la comunidad universitaria, científica e investigadora, que apoyen y promuevan la incorporación de doctores con discapacidad como personal PDI.