- Así se ha puesto de manifiesto en la segunda reunión del año 2022 en la que se ha recordado que la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben comenzar en la infancia
(Madrid, 13 de julio de 2022). – El Comité de Apoyo del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) para el seguimiento de la Convención de la ONU ha incidido este miércoles en la necesidad de generar conocimiento y toma de conciencia sobre la diversidad humana, “que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos”.
Así se ha puesto de manifiesto durante una reunión en la que el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia Méndez, ha recordado que la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad deben comenzar “necesariamente” desde la infancia.
“Las niñas y los niños con discapacidad y su entorno familiar están más expuestas a la quiebra de sus derechos y a sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión en esta primera etapa decisiva de sus vidas, condicionando gravemente las posteriores”, ha aseverado Saravia en este sentido.
Durante el encuentro se han desgranado asimismo las últimas novedades en materia legislativa que tienen implicaciones con los mandatos de la Convención, entre las que se encuentran el etiquetado en braille y otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de determinados bienes y productos de consumo, la norma que regula la accesibilidad para los servicios y puntos de recarga para vehículos eléctricos, o la regulación de la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación.
En la misma línea, se ha recordado que la Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias para investigar la denuncia presentada contra el hotel Palace de Gandia por delito de discriminación al no alojar a grupos de personas con discapacidad; y se ha saludado la decisión del Ministerio de Justicia de reservar un 5 % a personas con discapacidad en la convocatoria de becas para la preparación de pruebas de acceso a profesiones jurídicas públicas.
Respecto a los proyectos normativos del Gobierno sobre inclusión financiera, la entidad ha exigido que la futura legislación garantice la inclusión en este ámbito a través de un protocolo de atención a personas con discapacidad, con el fin de “mejorar la protección de este grupo ciudadano en su condición de consumidoras de servicios financieros”. Para ello, han destacado medidas como la accesibilidad universal transversal o la presencia de personal de apoyo cualificado que garantice la atención personalizada.
Saravia también se ha referido al informe elaborado por el CERMI a petición de la Fiscal de Sala Maria José Segarra sobre el artículo 13 de la Convención y el acceso a la justicia; así como a las aportaciones de la entidad al impulso y presentación del primer estudio sobre suicidio y personas con discapacidad elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED).
Asimismo, se ha informado de que una delegación de CERMI revisó recientemente la estrategia de Adif para cumplir los mandatos legales y dotar de accesibilidad a las estaciones de ferrocarril que aún no se ajustan a la normativa. En este sentido, pidió acelerar el programa de inversiones previsto para la accesibilidad de la red estaciones, “con compromisos y plazos de actuación verificables”; así como priorizar las inversiones de accesibilidad en los núcleos de Cercanías, entre otros aspectos.
También en materia de accesibilidad, se ha tratado lo concerniente a la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, “a fin de disponer de una legislación que establezca como obligatorias y con cargo a la comunidad de propietarios las obras y actuaciones de accesibilidad donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años”; y a los servicios del 112 de cada comunidad autónoma, “que no siempre resultan accesibles para las personas sordas o con discapacidad auditiva”.
Por último, se ha calificado la Ley de Deporte que se ha debatido en el Congreso como “un importante avance” para el ejercicio de derechos fundamentales de las personas con discapacidad.